El World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó los hallazgos preliminares de la Métrica de Justicia Abierta de la República Dominicana, un instrumento pionero que analiza la capacidad de las instituciones que integran el ecosistema de justicia para operar bajo estándares de apertura e identifica prácticas consolidadas, experiencias sobresalientes y oportunidades de mejora.
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Durante un acto celebrado en la Suprema Corte de Justicia, la representante residente del PNUD, Ana María Díaz, señaló que el acceso oportuno a la justicia es indispensable para fortalecer la democracia, consolidar la confianza ciudadana y reducir las desigualdades.
Indicó que una justicia sólida no se mide únicamente por la cantidad de tribunales o la calidad de sus decisiones, sino también por la confianza que inspira en las personas.
Asimismo, valoró la cooperación entre el Poder Judicial, el WJP y el PNUD como una muestra de cómo el intercambio de conocimientos puede traducirse en herramientas concretas para el fortalecimiento institucional.
Además, expresó su confianza en que la experiencia dominicana pueda convertirse en un referente de innovación pública para América Latina y el Caribe.
El acto contó con la presencia del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, quien afirmó que los sistemas de justicia deben ser independientes y eficaces, pero también accesibles, comprensibles y transparentes
De su parte, Berenice Barinas Ubiñas, directora ejecutiva de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), quien habló en representación de la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de esa institución, afirmó que la Métrica representa una expresión concreta del tránsito desde el gobierno abierto hacia una visión más amplia de Estado abierto.
Explicó que esta perspectiva promueve una relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía sustentada en la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas, respetando la autonomía, la independencia judicial y las garantías del debido proceso.
“Medir no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para aprender, mejorar y transformar”, destacó.
Durante la presentación, Alejandro González, jefe de Estrategia, y Ana Cárdenas, directora de Proyectos de Justicia, ambos representantes del World Justice Project, resaltaron el liderazgo de la República Dominicana en la promoción de una justicia más transparente y cercana a las personas.
González señaló que garantizar plenamente el acceso a la justicia requiere la coordinación de múltiples instituciones, debido a que ningún actor posee, por sí solo, todos los recursos, capacidades y conocimientos necesarios para responder a ese desafío.
Señaló que la Métrica permitirá reconocer avances, identificar brechas y orientar la toma de decisiones basadas en evidencia, desde una visión articulada del ecosistema de justicia y centrada en las personas.
Principales hallazgos
La Métrica redefine el mapa del ecosistema de justicia al integrar a las instituciones según las funciones que desempeñan para garantizar el acceso a la justicia, independientemente de su jerarquía o naturaleza jurídica.
Los resultados preliminares muestran que la transparencia es la dimensión más consolidada, seguida de la colaboración, la participación y la rendición de cuentas, esta última identificada como el área con mayores oportunidades de fortalecimiento.
La evaluación también evidencia avances en la divulgación de información útil sobre los servicios, la simplificación de los mecanismos para acceder a ellos y la disponibilidad de vías administrativas, jurisdiccionales y alternativas para atender las necesidades legales de las personas.
Asimismo, se identificaron progresos en la digitalización, homologación y publicación de información en formatos accesibles y reutilizables, así como en la utilización de mecanismos de retroalimentación y evaluación para escuchar a la ciudadanía y promover la mejora continua.
Como próximos pasos, se realizarán reuniones bilaterales con las instituciones evaluadas y se elaborará el informe final, que incluirá recomendaciones por temática, por función institucional e individuales para cada entidad. Además, se pondrán a disposición mecanismos que facilitarán la consulta de los resultados y de sus respectivas fuentes de validación.
El acto contó con la participación de la magistrada Nancy Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia; la magistrada Karen Mejía, consejera del Poder Judicial; el licenciado Rodolfo Valentín Santos, director general de la Oficina Nacional de Defensa Pública; así como representantes del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Policía.
También del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el Tribunal Superior Electoral (TSE), la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), ProCompetencia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y demás instituciones que integran el ecosistema de justicia.
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