Pedro Caba
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Un ejercicio pertinente con repercusión presente y futura sería determinar, mediante comparaciones estadísticas, cual ha pesado más si la participación pública o la privada, representada por los sectores financieros correspondientes, para que el país alcanzara la distinción de erradicar el hambre de la FAO.
El ejercicio es de vital importancia para determinar los límites de la política neoliberal que la conjunción Reagan-Thacher, con los talentos de la Universidad de Chicago como motor ideológico, impusieron al mundo occidental desde el último tercio del siglo pasado y que todavía se insiste en preservar su vigencia.
La República Dominicana que apenas en el año 2012 elaboró como legislación su primera Estrategia Nacional de Desarrollo hasta el 2030 y se propuso entonces eliminar el hambre como uno de sus objetivos, constituye un laboratorio de excepcional pertinencia, máxime si a nuestro presidente Luis Abinader Corona lo ha escogido la FAO para ser el orador principal de su cumbre mundial en octubre próximo, en Roma.
Por eso mismo, es importante determinar el papel en nuestro país de los sectores público y privado, no sólo en cuanto a política y estrategias diseñadas y ejecutadas por cada uno, sino por el factor más decisorio: el papel que cumplió el capital proveniente de sus entidades financieras para este gran logro nacional del hambre cero.
El ejercicio sería mucho más productivo para toda la población si lo trasladásemos también a otros servicios públicos reconocidos en todo el mundo como responsabilidad principal del Estado: energía, salud, educación, transporte masivo y vivienda.
Por el momento creo sería más oportuno quedarnos en el ámbito de examinar cuál fue la participación de los sectores público y privado para combatir el hambre, problema ancestral de las sociedades en desarrollo, y porque se aproxima el evento de la FAO en octubre.
Para poner las cosas en su lugar debemos consignar que fue el estadista Joaquín Balaguer quien se opuso a erradicar el Banco Agrícola, respondiendo así a una ola de cierres de instituciones de su género en toda América Latina por presiones de Washington y su nueva visión neoliberal.
Igualmente se preservó la política de reforma agraria reforzada por las leyes agrarias contra el latifundio, la acción plantacionista en el campo que prosiguieron los gobiernos sucesivos. La plantación agrícola lo mismo que las pecuarias pasaron a convivir en dos formas: las surgidas de la reforma agraria y las privadas ahora más reducidas en su extensión.
Como periodista ligado al sector agropecuario no sólo nos correspondió apoyar la aplicación del llamado Código Agrario, sino también denunciar y exponer los efluvios de un importante consorcio privado de integrar y monopolizar el naciente sector avícola, desde la importación de granos y procesamiento en alimentos hasta las granjas de pollos bebés y ponedoras.
Desde entonces estuvo claro que todo el sector reformado, además de estructuras agrícolas y ganaderas pequeñas y medianas sólo tendrían como capital las instituciones financieras del Estado, mientras que los grandes desarrollos agrícolas y pecuarios se reservaban para las instituciones financieras privadas. Y ha sido así desde entonces.
Hoy empresas lácteas, avícolas, ganaderas y de producción de frutos y algunas de vegetales de invernaderos se suplen mayormente de capital financiero privado. El resto, los reformados y medianos y pequeños de todo el sector agropecuario de instituciones financieras públicas. Especialmente el programa de pignoración, a cargo del Banreservas y del Banco Agrícola.
Y todas esas estructuras productivas de alimentos se han consolidado, gracias al amplio mercado de consumo nacional y de visitantes turistas. También de políticas públicas de asistencia social incorporan una gran población a los mercados, y que, en muchos casos, están condicionadas a preferir la producción nacional alimentaria por sobre la importada.
No parece necesario Abinader Corona en la FAO en Roma acuda a restregar la herida de la ausencia de un muy reducido capital financiero privado en la agropecuaria, como se comprueba en sus estados financieros anuales.
Pero sí de darle todo el crédito a las políticas públicas, incluidas sus instituciones financieras, de haber posibilitado el país sea una de las 6 (seis) naciones de América Latina con hambre cero.
