Pedro Caba
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Uno de los logros más destacables del gobierno es el descentralizar la estructura que administra justicia, la que su vez se ha hecho más eficiente, provocando una burda campaña procura desacreditar todo el sistema judicial.
De ahí que esta información debe haberle caído muy pesado a los partidos políticos, hacedores de opinión y medios informativos se han propuesto desacreditar la justicia:
“Un estudio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) posicionó a la República Dominicana entre los tres países de la región con los sistemas judiciales más eficaces, con una reducción del 30% en la congestión de casos entre 2023 y 2024”.
En el mismo estudio se hace constar que la justicia dominicana “ha mejorado su posición global en más de 20 puestos en los últimos dos años”.
En el informe se hace resaltar la implementación de tecnología (digitalización) ha facilitado el acceso a la justicia y ha agilizado los procesos, logrando la generación automática del número único de casos (NUC).
Igualmente que la adopción de acuerdos penales ha ayudado a agilizar la resolución de casos y reducir la carga de trabajo de los jueces.
Medios involucrados con justiciables desacreditan la justicia
Ya de manera desembozada medios de comunicación electrónicos claramente relacionados con casos de justiciables, la mayoría de ellos de pasados funcionarios o administradores públicos, mantienen una campaña implacable contra todo el sistema judicial.
El caso es más patente son los medios informativos y de comentarios que se difunden por empresas de comunicación propiedad del centro de espectáculos Jet Set donde se produjo la reciente catástrofe.
Ni siquiera toman en cuenta que buena parte del plantel de la Procuraduría de la República y de todo el sistema judicial fue formado en las estructuras que pasadas administraciones crearon y fomentaron.
El país debe sentirse orgulloso de ver accionando a una camada de jóvenes jueces y ministeriales que, a diferencia de otros países, actúan de frente a los acusados sin ocultarse tras una pared como lo hacen en esos lugares. No está lejano el día que también los veamos con pasamontañas, como acontece con fuerzas policiales de aquí y del extranjero que le temen mostrar su rostro con orgullo de ser defensores de la Ley y de la sociedad.
Los correos electrónicos de todos los que estamos ligados a los medios de comunicación no pasan un día sin que reporten decisiones judiciales que administran justicia, por lejano que sea el lugar. Ese es otro avance substancial de la justicia dominicana.
Queda mucho por hacer y satisface saber que cada vez más se reduce la cantidad de presos preventivos a la espera de ser juzgados por sus presuntos delitos.
Se entiende sectores bien intencionados acceden con frecuencia a los medios de difusión escritos y electrónicos muestren desconcierto y hasta frustración por la velocidad, a veces demasiado lenta, con que se administra justicia en el país.
Debemos comprender hemos pasado de un sistema con contados jueces apoyados en su prestancia social y sólida formación produjeron sentencias en el pasado que hoy son emblemáticas por la calidad de las mismas, a un sistema conformado por una nueva generación en la judicatura producto de la academia y dotada de principios garantistas modernos similares a los que se aplican en la mayoría de los países con sociedades abiertas. A esto se suma el apego deben tener a los códigos de justicia también modernos.
Son jueces deben bregar a diario no sólo con sólidos profesionales del derecho que nunca hemos dejado de producir, sino también con bufetes de abogados bien avituallados por grupos fácticos y de bancos y de grandes corporaciones en forma legítima defienden sus intereses.
Así que el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA) le ha puesto un tapa boca a verdaderos leguleyos que para defender sus causas interpretan los códigos a conveniencia y califican de la peor manera a jueces de por sí dignos de respeto, sin importarles se hacen daño ellos mismos ante sus potenciales clientes. Las tratativas legales de estos abogados pueden ser de utilidad circunstancial para sus clientes, pero mellan su autoridad y credibilidad.
Da pena ver con el desparpajo e irreverencia expresan estos “expertos” que ante un micrófono y una cámara de televisión se creen protegidos de la Ley como cuando exponen en un juzgado.
