Altagracia Guzmán Marcelino, exministra de Salud Pública y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mostró su preocupación y escepticismo ante el incremento de muertes materna e infantil en el país generando las alarmas de diversos sectores de la sociedad.
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Entrevistada en el programa Despierta con CDN, Guzmán Marcelino reiteró sus cuestionamientos a la vigilancia epidemiológica actual respecto a la efectividad y rigor de los procedimientos.
Calificó la situación de “grave”, señalando que la pérdida de vidas de recién nacidos y gestantes por causas evitables representa una falla inaceptable en los parámetros que miden la calidad de vida y la atención médica de la población.
La doctora Guzmán Marcelino aclaró que, pesar de que las muertes maternas e infantiles son de notificación obligatoria en el sistema epidemiológico nacional desde 1997, especialistas expresan una creciente desconfianza en los reportes y boletines oficiales actuales, citando irregularidades en la periodicidad de la información y falta de transparencia en el reporte de casos desde los centros de salud.
Entre los factores clave que inciden en el deterioro de los indicadores de salud neonatal destacó: el incumplimiento severo de las normas elementales de higiene y desinfección en áreas críticas —como la manipulación inadecuada de instrumental, aspiradores y equipos de cuidado neonatal— que incrementa el riesgo de proliferación de bacterias como la Klebsiella, derivando en brotes infecciosos letales.
Asimismo, refirió el uso excesivo e inducción de cesáreas, cuyo porcentaje alcanza niveles alarmantes en el país (cercano al 90 % en el sector privado y superando el 50 % en el sector público).
“Esta práctica incrementa las complicaciones respiratorias en los recién nacidos en comparación con el parto vaginal, además de responder en muchos casos a la falta de insumos para la inducción del parto o a la carencia de equipos de diagnóstico como sonógrafos fetales en los hospitales públicos”, agregó.
Igualmente, debilidad en el primer nivel de atención donde se evidencian fallas en el seguimiento a las gestantes en la consulta prenatal periódica, el control de la hipertensión arterial y la prevención de partos prematuros o neonatos con bajo peso al nacer.
Dijo que el temor a ser deportadas o la falta de apoyo familiar ha alejado a parturientas de nacionalidad extranjera de la atención hospitalaria oportuna, derivando en partos sin asistencia médica y en condiciones desfavorables que agravan la estadística de mortalidad.
Frente a esta crisis, la ex ministra de Salud Pública enfatizó que la fiscalización e investigación de estos decesos debe recaer estrictamente en el Ministerio de Salud Pública como ente rector, regulador y fiscalizador del sistema, y no en las entidades operadoras de la red pública, a fin de evitar situaciones donde el evaluador sea juez y parte.
