La reforma del Código Penal, tarea que nos hemos planteado desde hace varias décadas, y cuya entrada en vigencia está contemplada para agosto próximo, ha traído consigo variados y sostenidos cuestionamientos que merecen plena atención.
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Decenas de cambios en su articulado sometidos al Congreso Nacional, planteamientos de posposición en su entrada en vigencia, hasta su retiro definitivo por alegada violación a la Constitución de la República, han marcado el debate, incluyendo movimientos de protestas ciudadanas.
Se trata de un proceso complejo, propio de cambios como los que ciertamente precisa ese ordenamiento jurídico en diferentes áreas ante una sociedad que marca nuevas rutas y modelos de desarrollo y convivencia social.
Siendo así y en medio de serias dificultades por las que atraviesa la nación, impactada por un entorno hostil repleto de incertidumbre, junto a fallas y demoras en la aplicación de políticas públicas y reformas estructurales, plantearse un aplazamiento prudente en la aplicación del nuevo Código Penal que abra paso a propuestas que puedan evitarnos mayores traumas, no resultaría para nada ocioso.
