Yarilis Calcaño/Andrés Tovar
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El Poder Ejecutivo depositó este viernes ante el Senado de la República una propuesta para modificar 18 artículos del nuevo Código Penal dominicano, contenido en la Ley Orgánica 74-25, cuya entrada en vigor está prevista para agosto de 2026.
La iniciativa se presentó a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, y se registra con el número 01705-2026-PLO-SE. El expediente se remitió a la comisión bicameral constituida para estudiar las propuestas de modificación a la legislación penal.
De acuerdo con el registro legislativo, el proyecto propone cambios en los artículos 121, 122, 123, 141, 142, 144, 170, 176, 192, 207, 208, 211, 214, 215, 248, 303, 310 y 354 de la Ley 74-25. En total, la propuesta de reforma alcanza 18 disposiciones del proyecto Código Penal.
Entre los puntos que provocan mayores cuestionamientos se encuentran los artículos 208 y 211, relacionados con la difamación y las excepciones aplicables a determinadas expresiones. El artículo 208 vigente contempla penas de dos a cinco años de prisión por imputaciones públicas que afecten el honor, el buen nombre o la imagen de una persona, incluso cuando sean difundidas por medios digitales, plataformas de streaming o redes de comunicación electrónica.
La propuesta también incluye el artículo 310, que tipifica el ultraje contra funcionarios públicos y contempla prisión y multas por palabras, imágenes, escritos o gestos realizados de manera no pública que se consideren contrarios a la dignidad del servidor público. Una disposición señalada por juristas y organizaciones sociales como una posible amenaza contra la libertad de expresión.
Reforma incluye ejercicio médico y otros delitos
En el ámbito sanitario, el proyecto plantea modificar el artículo 354, relativo a la expedición de certificaciones falsas sobre el estado de salud, enfermedades, lesiones o causas de muerte. La norma actualmente establece penas de uno a dos años de prisión para el médico que emita deliberadamente un certificado falso, con agravantes cuando se trate de médicos forenses o profesionales del sector público.
Aunque la discusión pública se concentra principalmente en la libertad de expresión y el ejercicio profesional de la medicina, la propuesta posee un alcance más amplio. También incluye normas sobre bullying y ciberbullying, prescripción de delitos sexuales, exhibicionismo, acoso, autosecuestro, abandono de menores, bancarrota simple, malversación de fondos públicos y otras infracciones.
La modificación deberá pasar por el examen de por la comisión bicameral y posteriormente sometida a votación en ambas cámaras legislativas. El Congreso había iniciado esta semana el proceso de recepción y análisis de propuestas, luego de las protestas y críticas formuladas
