Luego de agotada la etapa de réplica y contrarréplica, el Ministerio Público espera que el próximo lunes se conozca la decisión de la jueza a la que pide el envío a prisión de dos de los procesados de la estructura que se aprovechó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y a pacientes con cáncer, así como al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
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El Ministerio Público mantuvo este jueves que deben ser enviados a prisión Héctor Antonio Lora Cruceta, su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y a arresto domiciliario la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez, arrestados tras la puesta en marcha de la Operación Onco14.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, encabezó el equipo litigante, junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y la procuradora de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago. También, lo integraron Joanna García, de la Dirección General de Persecución, a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, y Elvin Ventura, encargado de Casos Complejos en esa jurisdicción.
Los fiscales participaron en la audiencia celebrada por la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, quien ha encabezado tres audiencias en el proceso de conocimiento de la medida de coerción.
En la instancia presentada ante el tribunal, el órgano investigador solicita que se impongan 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como para su actual esposa Luisa Yasiris Guzmán.
