Santo Domingo, R.D.– La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) obtuvo la más reciente decisión por la defensa de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, con la emisión de la sentencia Núm. TC/0634/25 de fecha 14 de agosto del Tribunal Constitucional, que ordena medidas inmediatas y contundentes para garantizar condiciones humanas y dignas en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata.
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La decisión del alto tribunal acoge la acción de amparo interpuesta por la Defensa Pública y dispone que el centro penitenciario adopte acciones concretas para proteger la salud, integridad y derechos de los internos, entre ellas:
- Garantizar la asistencia médica inmediata a los privados de libertad, incluso en casos de agresiones por parte de agentes penitenciarios, las cuales —subraya el tribunal— no deberían producirse.
- Evitar la sobrepoblación en la celda de reflexión, asegurando que cuente con la ventilación, higiene y condiciones necesarias para preservar la salud de quienes sean enviados allí.
- Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley núm. 113-21 sobre el Sistema Penitenciario y Correccional, velando por el respeto irrestricto de los derechos humanos de la población penitenciaria.
Asimismo, el Tribunal Constitucional ordena a la dirección del centro penitenciario remitir, en un plazo de noventa (90) días, un informe detallado sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia, a través de la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias (USES).
El director nacional de la ONDP, Lcdo. Rodolfo Valentín Santos, destacó que este fallo “marca un precedente importante en la lucha contra las condiciones indignas en los recintos penitenciarios y reafirma el compromiso de la Defensa Pública de garantizar que, aun en privación de libertad, toda persona conserve y ejerza sus derechos fundamentales”.
Con esta decisión, la ONDP reafirma su misión de proteger la dignidad humana, promover la justicia y velar por que el sistema penitenciario cumpla con los estándares constitucionales y legales, en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Sobre la Oficina Nacional de Defensa Pública
La Oficina Nacional de Defensa Pública es un órgano constitucional del sistema de justicia de la República Dominicana, encargado de garantizar, de forma gratuita y con cobertura nacional, la defensa técnica y el debido proceso a las personas en conflicto con la ley penal que carecen de recursos para contratar un abogado, asegurando así el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.
