Yendry Espinal
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La cobertura forestal de la República Dominicana es ya escasa. Las principales masas forestales se encuentran en nuestras montañas y en mucha menor medida en la llanura litoral y en los valles.
La depredación de los bosques es una constante, bien para vender la madera, para plantar conucos o para hacer carbón. Esta es la realidad, la cual contrasta con los datos que pretenden que nuestro país maneja adecuadamente sus recursos forestales.
Nada más lejos de la realidad y las constantes protestas del sector ambiental ante la desidia de las administraciones en cuanto a la deforestación se refiere, es una buena prueba de lo que estamos viviendo.
De los tres medios citados de explotación que dañan irreparablemente los bosques, los más extendidos en nuestro país son la fabricación de carbón y la conuquización. La fabricación de carbón se realiza en el país entero, habiendo además almacenes bien conocidos por las autoridades que manejan toneladas y toneladas de carbón diariamente.
Incomprensiblemente incluso se dan autorizaciones a particulares para que lo fabriquen, a costa de la integridad de nuestros bosques. Para justificar esta situación se otorgan permisos de “limpieza” de espacios forestales… pero no se controla que la madera que se comercializa se haya obtenido siguiendo las normas adecuadas. Esta situación es inadmisible y los ciudadanos debemos exigir a las autoridades que pongan todas las medidas necesarias para evitar la carbonización de nuestros bosques.
Por otro lado, los responsables de la fabricación y comercialización del carbón manejan sus actividades con la más absoluta impunidad. El trasiego de carbón entre República Dominicana y Haití es diario, sin que se ponga freno a la situación. Se victimiza a los haitianos de la situación como ejecutores de las talas y quemas, pero todos saben que estos elementos trabajan para dominicanos en la mayor parte de los casos. La corrupción es una de las grandes responsables de esta situación, pues el negocio del carbón compra voluntades desde la base hasta la cúpula de las instituciones.
Cuando los ambientalistas cuestionan esta situación y la impunidad en la realizan sus actividades los carboneros, siempre reciben respuestas evasivas o claramente desafiantes: “no hay efectivos suficientes para controlar a los carboneros”, o, “cuando se detiene a los carboneros y se llevan al cuartel de la policía los sueltan de inmediato”. Tampoco hay puestos de vigilancia ni remotamente suficientes, eso es una realidad, pero no lo es menos que ni con los que hay se realiza un trabajo efectivo para frenar la práctica de la fabricación de hornos de carbón. En cuanto a los conucos la situación es similar, pues a pesar de haber diarias deforestaciones y quemas de parcelas de bosque, ni se frena la práctica con la contundencia que merece el caso, ni se actúa contra los depredadores con toda la fuerza de la ley para desanimar a quienes pretendan arrasar nuestros bosques. En este caso la excusa es básicamente la misma: “padres de familia”, como si el hecho de tener que alimentar a los hijos fuera ya motivo suficiente para arrasar impunemente el patrimonio forestal de la nación.
La pobreza en que vive gran parte de la población dominicana es penosa, realmente; las zonas económicamente deprimidas en los campos dominicanos son una constante que rompe el corazón a quienes la tenemos que observar casi a diario. Pero la solución jamás será permitir que afronten el problema inmediato de solucionar sus carencias económicas con prácticas depredadoras que anulan absolutamente la posibilidad de que sus protagonistas tengan un futuro. Se deben buscar alternativas desde el Estado para apoyar la supervivencia y el crecimiento económico e intelectual de las gentes pobres que, en la República Dominicana, quienes realmente, son legión. Pero siempre desde conceptos de desarrollo sostenible y responsabilidad social, nunca desde la inacción y la permisividad ante la violación de las leyes.
El autor es presidente de la Sociedad Ecológica de Puñal.
