La preocupación por los limitados recursos del Estado para atender la creciente demanda de bienes y servicios de la población es un consenso en el país.
Es inquietud que lleva años expresándose en foros, seminarios, talleres y en innumerables declaraciones de economistas, políticos y empresarios a través de los medios de comunicación
Las alertas de organismos nacionales y extranjeros sobre esa muy limitada gestión fiscal para dotar al Estado de recursos, se acentúan cada vez más ante la espiral de un endeudamiento que se hace insostenible y peligrosa.
Y no es para menos. De acuerdo a lo que han establecido diversas entidades que se ocupan del análisis de la economía, como el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenible (CREES), el pago en intereses de la deuda sobre los ingresos tributarios en 2022 era del 23.7 por ciento, 2.8 puntos porcentuales por encima del promedio de los países de la región, y 7.7 más de la media en Latinoamérica.
Esto nos ubica como el cuarto país que más intereses paga en América Latina y el Caribe.
Se agrega que la deuda pública consolidada del país creció de 44 mil 65 millones de dólares en 2018 a 73 mil 664 millones a enero de 2024.
Para este año, entonces, el gasto de intereses sobre los ingresos tributarios rondará el 25 por ciento, situación altamente nociva para la economía y de elevado riesgo para la estabilidad macroeconómica del país.
Siendo así, lo ideal y responsable seria aprovechar un espacio como las elecciones nacionales para conocer de partidos y candidatos su visión sobre el grave problema y sus propuestas para afrontarlo.
Sin embargo, y para lamento del país, esos actores, desde el gobierno y desde la oposición, le siguen dando de lado a ese tema.
¿Por qué será?
