República Dominicana no tiene que polemizar con nación ni organización internacional alguna para ejecutar políticas de control migratorio establecidas por ley y amparadas en la Constitución de la República.
El país hace bien en redoblar la vigilancia y controles sobre su territorio, en la medida que se agrava la crisis haitiana y se potencializan los riesgos de una estampida migratoria.
Las deportaciones que se vienen ejecutando en el país igualmente responden a esa contingencia y, que sepamos, se acogen en grado sumo a lo establecido en la ley y protocolo para esos fines.
Que se destaque la persecución contra ciudadanos haitianos no debe sorprender ni ser motivo de mayores escarceos por parte de naciones y organismos que dan seguimiento a estos procesos.
Para nadie es un secreto que el país, por su vecindad con Haití, con quien comparte territorio, se constituye en el principal destino para una población haitiana sometida a los rigores de la hambruna, pobreza, insalubridad e inseguridad que la azota.
Insistimos. La ruta ante el peligro que representa esa problemática y ante las renovadas presiones con las que desde hace años se procura echar sobre nuestra nación el peso del infortunio de la vecina nación, debe ser el accionar con absoluto apego a nuestra Constitución y ley migratoria.
Conjuntamente con disposiciones como las aplicadas para la preservación de nuestro territorio, seguridad y estabilidad, debemos continuar abogando a través de los organismos diplomáticos correspondientes por la intervención de la comunidad internacional a favor de la pacificación y el retorno al proceso democrático de Haití para el bienestar de ese sufrido pueblo y el sosiego de nuestra nación.
