Yanessi Espinal
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La Junta Central Electoral (JCE) mediante el reglamento que prohíbe la publicación de encuestas sobre el posicionamiento electoral antes de que inicie oficialmente la precampaña política y la decisión de apoyar el reclamo de 24 partidos en contra del recorte de 50% a los fondos de las organizaciones políticas, trabaja para garantizar mayor equidad en la competencia electoral.
Varios de los considerandos expuestos se fundamentan el criterio de equidad electoral sustentar la decisión que prohíbe la publicación de investigaciones del posicionamiento electoral ante del 7 de julio de 2027, cuando arranca la precampaña y luego de octubre hasta que no se emita la proclama que deja formalmente iniciado el periodo electoral para las elecciones de 2028.
“La publicación de encuestas en las cuales se mide el nivel de simpatías o posicionamiento electoral de actores políticos, fuera de los plazos previstos para la precampaña y la campaña electoral, es un acto que genera múltiples efectos respecto a la ciudadanía en general, tal y como sería el caso de los actos de promoción electoral anticipada, lo cual se pudiera traducir en ventajas de los actores políticos que figuren en dichas encuestas, en detrimento de quienes también pueden tener aspiraciones legítimas pero que, por diversas razones no figuren en dichas encuestas, lo cual se constituye en un factor que, a su vez puede generar desequilibrios, capaces de afectar la sana y libre competencia”, argumenta el órgano electoral.
La institución añade que tiene el deber y la responsabilidad constitucional y legal de garantizar la equidad y la transparencia en las precampañas, campañas y en las elecciones, así como el respeto a los plazos que regulan estos períodos electorales”, establece uno de los considerandos.
Otro argumento de la JCE establece que su rol de máximo órgano de la administración electoral tiene la responsabilidad de garantizar que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como la ciudadanía, incluidas las empresas privadas que se dedican a la realización de encuestas y sondeos con fines electorales, sujeten sus actuaciones a lo dispuesto en la ley, particularmente en cuanto a la prohibición de realizar actos de precampaña y campaña fuera de los períodos previstos para ello.
“no obstante, lo antes indicado, este órgano reconoce el derecho que tienen los actores políticos de contratar empresas para que realicen encuestas de trabajo interno en sus respectivas organizaciones políticas, razón por las cuales, la Junta Central Electoral, en aras de garantizar la equidad en la contienda y el respeto a los plazos legales tiene a bien adoptar las regulaciones pertinentes sobre el particular”, explica el reglamento publicado el pasado viernes y que está en discusión de la JCE y los partidos políticos desde el primer semestre de 2025.
La JCE también apuntó que el plan del gobierno de recortar los fondos a los partidos políticos en 50%, afectaría la equidad y la sana competencia electoral.
“La propuesta de reducir nuevamente dicha asignación, implicaría afectar la planificación, organización financiera, educativa, operativa y logística, así como el cumplimiento de los gastos y operaciones que han contraído con base a la certidumbre de una ley promulgada en 2025 y la resolución 01-2026, del 15 de enero de 2026, de la Junta Central Electoral, ya que el sistema de partidos políticos constituye un componente esencial e indispensable para la democracia, en tanto representa la columna vertebral del sistema político-electoral”, planteó.
El órgano electoral también añadió que de materializarse la reducción de 50% de los fondos de los partidos políticos afectaría de manera negativa la certidumbre, integridad electoral, legalidad, además de la equidad en la competencia electoral y la seguridad jurídica electoral y el ejercicio mismo de la democracia porque se sustentada en el sistema de partidos.
Más apoyo a resolución
Las entidades que agrupan partidos políticos como el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom) y la iniciativa conocida como diálogo opositor, emitieron documentos de respaldo a la decisión de la JCE. La primera entidad envió un comunicado que cuenta el respaldo de 24 organizaciones políticas.
El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, dijo que la medida de la institución tiene base legal, pero cuestionó que se haga luego de que, según él, el gobierno ha bajado los niveles de aceptación en la población.
“La ley autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del gobierno”, cuestionó.
Medina argumentó que en el proceso electoral pasado “sacaban una encuesta todos los viernes para presentar los partidos de oposición “en el suelo y el gobierno en auge”. “Ahora prohíben las encuestas para que la población no se entere del descalabro del gobierno”, afirmó el presidente del PLD.
El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, respondió los cuestionamientos de Medina sobre el momento en que la JCE prohíbe publicar encuestas. “La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la ley 107-13, el pasado 5 de julio la JCE, celebró una audiencia con los partidos políticos y las firmas encuestadoras registradas para escuchar sugerencias al mencionado documento. Cuidemos al órgano electoral”, expuso el también ministro de la Presidencia.
Contrario a Medina, los dirigentes del PLD y aspirantes a la candidatura presidencial, Francisco Javier García y Abel Martínez, respaldaron la decisión del órgano electoral.
En tanto, el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, respaldó la decisión de la JCE y afirmó que la publicación de encuestas sobre posicionamiento electoral se ha convertido en una estrategia de marketing.
“Las encuestas lejos de cumplir su rol de trabajo a lo interno de los partidos, de saber lo que piensa la gente sobre ellos, se han convertido en instrumento de propaganda y de engaño y la ley no lo permite, de manera que lo que está haciendo la Junta es correcto, correctísimo”, expuso en un audiovisual publicado en sus redes sociales.
Dijo que a pesar del esfuerzo que hace la JCE, la ley no es suficientemente fuerte para evitar esa práctica que, según dijo, es un mecanismo de “engaño a la población y de propaganda falsa, de todo el que las haga y las haga pública”.
Igualmente, la presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, expresó respaldo a la decisión del órgano electoral. “Es lo que le corresponde al órgano regulador, garantizar que la norma se aplique, sabemos que las encuestas se utilizan fuera de campaña para manipular la percepción de la gente, entonces cuando se hace fuera de tiempo con ese proceso, se colocan al margen de la ley; y creemos que lo que le corresponde a la Junta Central Electoral es que la normativa se respete y nos parece correcto el reglamento que ha emitido”, expresó cuestionada sobre la decisión.
Añadió que la estrategia de publicar estudios de opinión electoral afecta la equidad en la campaña porque quienes pueden pagar esos estudios y publicarlos, son los actores del sistema con mayor cantidad de recursos.
Lo que dicen los abogados
El abogado Manuel Fermín defendió la calidad legal de la JCE para tomar esa decisión amparada en el artículo 216 de la Constitución. “Se trata del ejercicio de una potestad reglamentaria reconocida en el artículo 216 de la Constitución, no obstante, al tratarse de un órgano constitucional extrapoder, agotó el procedimiento administrativo debido, especialmente en el procedimiento participativo diseñado para órganos de ese tipo”, explicó. Fermín añadió que la decisión cumple con requisitos como la razonabilidad y planteó que se trata de “una intervención más que necesaria si se toman en cuenta las desviaciones que podrían verificarse de continuar la práctica malsana de publicación de encuestas para fines de posicionamiento”.
El abogado de derecho constitucional, Nassef Perdomo, consideró que la decisión viola la Constitución de la República. “Muchas de sus disposiciones más importantes no resisten un análisis constitucional”, afirmó Perdomo.
