Mario Holguín
Tras celebrarse una extensa jornada de encuentros internacionales donde se debatieron temas relevantes para enfrentar la crisis global de la seguridad vial.
Los orgnismos supranacionales encabezados por la Organización de las Naciones Unidas y la Alianza Global de ONGs para la Seguridad Vial, convinieron concretar una serie de acciones en el margo de la Semana de la Seguridad Vial correspondiente al año 2023 con mira a alentar a los gobiernos a invertir en politicas eficientes e infraestructuras seguras para que sus usuarios caminen, monten bicicletas y usen el transporte público, a fin de tener ciudades más seguras, sanas y sostenibles.
Por su parte, centenares de ONGs que conformamos la Alinza Global, colaboradora de de ONU, hemos estado promoviendo, conforme pilares claves de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la reducción real al 50% de los siniestros viales y las víctimas que resultan de los mismos. Para ello, La Alianza diseñó una línea gráfica para la compaña, que en la República Dominicana, nosotros como FUNDARED, nos hemos fundamentado en el respeto a las normas de baja velocidad en centros urbanos, en entorno escolar y hospitales. Asimismo, alentando a las autoridades que regular la Seguridad Vial en nuestro país, a ejecutar proyectos integrales enfocados al uso de las motocicletas en las escuelas.
Repensar en la movilidad es un principio mundial para propiciar un cambio de paradigma post COVID-19.
En el caso de la República Dominicana 5.5 millones de vehículos, concentrados especialmente en las grandes ciudads como son: el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Cristóbal.
Más de la mitad del total son motocicletas reguladas en la Dirección General de Impuestos Internos.
Un vehiculo por cada dos habitantes es un dato que nos hace suponer a simple vista un nivel de desarrollo económico importante para una población dominicana de cerca de 10.6 millones. Sin embargo, si lo vemos en detalle nos damos cuenta de otra realizada espeluznante; por demás, un grado de desigualdad social tremendo y de pobreza, tal como evidencia la cantidad de motocicletas a las que habría que sumarle las centenares ilegales.
La más preocupante experiencia durante la Semana de la Seguridasd Vial celebrada entre el 15 y el 21 de los corrientes, es ver que una gran cuota del crecimiento desmesurado de motocicletas, de forma inadvertidad, se encuentra en los centros escolares.
Otra nota discordante también sale a relucir, cerca del 70% del parque vehicular tiene más de 20 años, según informes de la Dirección General de Impuestos Internos.. Lo cual sugiere que la Republica Dominicana carece en estos momentos de políticas para la renovación vehicular. Más aún, de iniciativas reales para implementarr una metodologia eficiente para la revisión de las condiciones físicas y mecánicas de los medios de transporte que circulan en nuestra red vial nacional, siendo a la fecha, una materia pendiente.
No cabe ninguna duda que la seguridad en la circulación tine razones sobradas para arrojar las estadísticas que exhibimos en el ranking mundial de acuerdo a los análisis de indicadores que tanto nosotros como ONG y los organismos supranaciones hemos estado demuestrando desde hace cerca de dos décadas.
Un campo automotriz que ha crecido un promedio anual de 6.6% desde el 2007 al 2022.
Superior a seis años de entrada en vigencia de la ley que regula la materia en el pais, no hemos sido capaces de enfrentar ese dilema con seriedad. Ni cuando la antigua ley que perimió a al cumplir 50 años de aplicación, que contempló también la Inspección Técnica Vehicular.
con un predominio exorbitante en las motocicletas y como elemento trascendental el vehículo de lujo o jeepeta es preferencia actualmente.
Alrededor del 23% de los vehículos normados en las oficinas de Impuestos Internos, están en manos de mujeres. Mas, las estadísticas de víctimas mujeres por siniestralidad vial es de aproximadamente ese mismo nivel.
La realidad es que este panorama que impacta nuestra sociedad deja mucha incertidumbre que deben tomarse en cuenta para el desarrollo de otros temas vitales de orden económico, social, medioambiental y de salud; en donde el ámbito formativo en los docentes y estudiantes de todos los niveles sea pieza esencial como política pública.
