Balbueno Medina
El desorden y la inoperancia en que se desenvuelve el vecino país de Haití, obligaron al gobierno dominicano a tener que tomar medidas extremas y aleccionadoras en la frontera que comparten ambas naciones.
Las constantes provocaciones e incumplimientos que las autoridades haitianas han contraído frente al gobierno dominicano, agotaron la paciencia del presidente Luis Abinader, quien les ha enviado un claro mensaje en el sentido de que República Dominicana no está en condiciones de seguir siendo atropellada con sus malas acciones.
Si bien es cierto que en Haití existe un gobierno débil, diezmado por las bandas de antisociales, no es menos cierto que debe tener el poder y la responsabilidad de autorizar a un grupo de empresarios a detener la construcción del canal que se ha convertido en la manzana de la discordia entre ambos países.
La excusa de que las autoridades haitianas no pueden detener la construcción del canal, carece de fundamento lógico y legal, máxime si se trata de una obra que amenaza con provocar una guerra civil entre dos países que comparten la misma Isla.
El momento es muy oportuno para que ese diferendo se dilucide en la reunión de las Naciones Unidas que se lleva a cabo en New York, porque como es bien sabido, no solamente se fundamenta en la irresponsabilidad que evidencia el gobierno haitiano con la permisibilidad de la construcción del canal, sino con la violación que permite al acuerdo de paz y amistad reciproca del 1929.
Por esa razón, el gobierno dominicano que durante muchos años ha soportado estoicamente los desplantes, violaciones y malos tratos de los gobiernos haitianos, se vio en la obligación de reaccionar de una manera en la que no solamente el pueblo haitiano sintiera su indignación, sino toda la comunidad internacional que estará congregada gran parte de esta semana en el foro de las Naciones Unidas en New York.
El presidente Luis Abinader, ha sido coherente y mesurado en su trato frente al pueblo haitiano y sus reclamos a la comunidad internacional para que acuda en auxilio de esos vecinos, pero las circunstancias le obligaron a dar un paso más hacia el interés de provocar una mayor atención hacia la difícil problemática que confronta ese país, a pesar del daño económico que ha venido produciendo a la República Dominicana el cierre de la frontera.
Es de esperarse que tanto el gobierno haitiano como la propia comunidad internacional reunida en la sede de las Naciones Unidas, contribuyan a devolver la paz social y las relaciones comerciales y bilaterales que deben mantener ambos países que comparten la misma Isla, por el cierre que se ha producido en la frontera producto de una medida arbitraria y abusiva llevada a cabo por empresarios privados haitianos y permitida por las autoridades de ese país.
De su parte, el pueblo dominicano debe mantener su absoluto respaldo al gobierno para que continúe manteniendo su política de reclamos, tanto al gobierno haitiano como a la comunidad internacional del respeto a la soberana nacional y a los tratados suscritos por ambos países para que se resuelva de una vez y por todas las diferencias que se han creado como consecuencia de la construcción de ese canal ilegal.
Ojalá y se produzca un buen entendimiento entre los gobiernos dominico-haitiano y la comunidad internacional, que permita frenar la construcción del canal, para que se reanuden las relaciones comerciales y bilaterales entre ambos países, como prometió el presidente Luis Abinader, que tan pronto como se detenga la obra la frontera será reabierta para seguir operando de manera normal.
