Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana, una investigación que analiza esta problemática desde una perspectiva multidimensional y plantea la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado, la coordinación interinstitucional y los mecanismos de protección y acompañamiento a las familias de personas desaparecidas.
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La presentación se realizó en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con la participación de autoridades académicas, representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, familiares de personas desaparecidas, investigadores, docentes y estudiantes. Durante el acto, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que la desaparición de una persona trasciende el ámbito administrativo y compromete derechos fundamentales como la vida, la libertad, la seguridad personal y la integridad física, psíquica y moral.
El diagnóstico fue elaborado mediante una metodología que combinó revisión documental, análisis comparado de legislación, entrevistas, grupos focales y una encuesta aplicada a 74 familiares de personas desaparecidas. Entre sus hallazgos identifica dificultades para denunciar y dar seguimiento a los casos, impactos económicos, sociales y emocionales que pueden prolongarse durante años, insuficiencias en el acompañamiento a las familias y desafíos en la coordinación entre las instituciones.
Ulloa resaltó que la carga de la búsqueda recae con especial intensidad sobre las mujeres, principalmente madres, esposas, hermanas e hijas, quienes mantienen activa la búsqueda, movilizan a sus comunidades, recurren a los medios de comunicación y dan seguimiento a las autoridades. “Detrás de cada registro existe una vida; detrás de cada expediente, una familia; y detrás de cada demora institucional, una angustia que se prolonga”, expresó.
El Defensor del Pueblo sostuvo que las desapariciones no voluntarias no pueden abordarse exclusivamente como un asunto policial, debido a que involucran ámbitos como derechos fundamentales, salud mental, protección social, investigación criminal, gestión forense, acceso a la información, justicia y responsabilidad pública. En ese sentido, señaló que la protección efectiva de los derechos exige desarrollar capacidades, coordinar instituciones y ofrecer respuestas oportunas, sostenidas y verificables.
Asimismo, reconoció como un avance la promulgación de la Ley número 25-26, que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, denominada “Alertas RD”. Mediante esta legislación se dota al país de un marco para activar la búsqueda, coordinar la respuesta institucional y movilizar la colaboración de los medios de comunicación y de la sociedad. No obstante, advirtió: “Una alerta es el inicio de la búsqueda, no su conclusión”.
Ulloa planteó que una política integral sobre desapariciones debe contemplar responsabilidades claramente definidas, protocolos comunes, intercambio oportuno de información, capacidades tecnológicas y forenses, acompañamiento psicosocial y canales permanentes de comunicación con las familias. También enfatizó que la disminución de la atención pública sobre un caso nunca debe traducirse en la interrupción de la búsqueda.
Familias no deben asumir solas la búsqueda
El Defensor del Pueblo subrayó que las familias tienen derecho a participar, ser escuchadas y aportar información durante los procesos de búsqueda, pero esa participación no puede convertirse en una transferencia de las responsabilidades que corresponden al Estado.
“Un Estado que funciona no abandona a las personas cuando las cámaras se retiran o cuando el paso del tiempo reduce el interés público. Mantiene activa la búsqueda, coordina sus capacidades, informa con honestidad, rinde cuentas y coloca la dignidad humana en el centro de cada actuación”, manifestó Ulloa.
El funcionario explicó que la realización del diagnóstico responde directamente al mandato constitucional de la institución de identificar las brechas entre las normas y la realidad, escuchar a quienes no han encontrado respuestas y promover las correcciones institucionales necesarias. Precisó que no corresponde al Defensor sustituir las funciones de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía o los tribunales, sino vigilar la respuesta del poder público, promover la articulación institucional y contribuir a convertir los derechos reconocidos jurídicamente en protección efectiva para las personas.
Seguimiento a las recomendaciones
Ulloa aseguró que el compromiso institucional no concluye con la publicación del estudio. El Defensor del Pueblo promoverá la socialización de sus hallazgos, el seguimiento de las recomendaciones y el diálogo con las instituciones responsables de implementar Alertas RD y fortalecer la protección integral de las familias.
En la actividad participaron la doctora Dalul Ordehi González, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del INTEC; Gustavo Alejandro Oliva Álvarez, investigador principal del diagnóstico; Evelyn Abreu, presidenta de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos; el Dr. Julio Valeirón; la diputada Liz Mieses, e Indiana Castillo, coordinadora interinstitucional de Alertas RD.
Al concluir, el Defensor del Pueblo llamó a transformar la evidencia presentada en acciones concretas y respuestas públicas efectivas: “Aspiremos a construir un país en el que ninguna desaparición sea recibida con indiferencia, ninguna familia tenga que buscar sola y ninguna ausencia quede condenada al silencio”.
