Pablo Ulloa
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En Samaná, durante uno de los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, varias madres tomaron la palabra para explicar una situación que parecía cotidiana, pero que tenía consecuencias profundas: el transporte escolar llevaba semanas fallando. Sus hijos caminaban largas distancias para llegar a la escuela. Algunas familias pagaban motocicletas o vehículos improvisados para evitar ausencias. Otras, simplemente, no podían hacerlo.
Lo que estaba en juego no era un autobús; era la permanencia escolar de más de 1,650 estudiantes.
La situación fue registrada formalmente en el Sistema M158 como una incidencia vinculada al artículo 63 de la Constitución Dominicana, que establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad y en igualdad de condiciones. Cuando el transporte público falla, esa igualdad se rompe. Porque no todos los hogares pueden suplir la ausencia de un servicio esencial.
A partir de ese registro, se activó la gestión institucional correspondiente con las autoridades responsables del transporte escolar. Se coordinaron rutas, se reorganizó la disponibilidad de vehículos y se garantizó cobertura en las zonas donde la falla era más crítica. No hubo improvisación ni anuncios apresurados: hubo método, seguimiento y verificación.
Días después, las mismas familias comenzaron a enviar videos mostrando a los estudiantes subiendo nuevamente a sus autobuses. Las ausencias disminuyeron, la puntualidad mejoró y la tranquilidad regresó a los hogares. El impacto directo alcanzó aproximadamente 1,650 estudiantes y el impacto total superó los 7,000 ciudadanos que dependen de ese servicio para garantizar la continuidad educativa.
Restaurar el transporte escolar no es simplemente mover un vehículo. Es proteger trayectorias de vida, reducir el riesgo de abandono y evitar que el derecho a la educación dependa de la capacidad económica de una familia. Es recordar que la igualdad no se proclama; se organiza.
Cuando la comunidad habla y el Estado responde con responsabilidad, el derecho deja de ser una declaración y se convierte en experiencia concreta.
Eso es lo que significa que el Estado funcione para la gente.
