Con el propósito de abonar al fortalecimiento del marco normativo del sector, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) plantea en su propuesta de modernización de la nueva ley minera contribuir a reducir la preocupación ciudadana sobre los pasivos ambientales mediante una estructura legal y financiera que asegure la remediación y el cierre responsable de los proyectos mineros, mucho antes de arrancar operaciones.
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La visión del sector minero sobre la normativa contempla incluir en el marco regulatorio garantías financieras para los planes de cierre, constituidas mediante mecanismo público de asignación y seguimiento desde el inicio de las operaciones, donde las fluctuaciones del mercado o de la misma empresa extractiva no podrán afectar el acceso a estos fondos.
“Estos recursos no dependerán de la voluntad de las compañías, más bien serán canalizados a través de mecanismos públicos de asignación y seguimiento bajo estrictas reglas de gobernanza, auditoría independiente y publicación periódica de información”, plantea Martin Valerio, director ejecutivo de CAMIPE.
En ese sentido, la propuesta para la modernización de la nueva ley busca ser vehículo para no solamente medir el impacto ambiental, sino también para asegurar un plan de remediación antes del inicio de cualquier actividad, es decir, “saber cómo terminará el proyecto antes de que empiece”, agrega Valerio, enfatizando que la seguridad jurídica también radica en la transparencia medioambiental de las operaciones. Para CAMIPE, una minería moderna requiere reglas claras tanto para invertir como para proteger: permisos oportunos, fiscalización rigurosa, cierre planificado, garantías financieras y transparencia frente a la ciudadanía.
Bajo esta premisa, el sector minero coincide en que la única manera de construir confianza ciudadana duradera es mediante la rendición de cuentas y un sistema robusto de gobernanza que integre garantías financieras y monitoreo tecnológico. Este es el estándar necesario para poder transformar la riqueza natural de manera sostenible y transparente en beneficio de las comunidades.
Finalmente, CAMIPE sostiene que la modernización de la ley debe ser resultado de un proceso técnico, participativo y equilibrado entre el Estado, el sector privado, las comunidades y la sociedad civil. La propuesta no solicita una reducción en las regulaciones, sino un marco normativo más claro, más exigente, más transparente y, sobre todo, más ejecutable. La modernización de la ley minera se presenta como la herramienta para alcanzar las metas de desarrollo nacional, alineando la transformación de la gestión y trazabilidad del uso de los recursos nacionales con el bienestar colectivo.
