El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) advierte que las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación respecto de una sentencia que dispone, en perjuicio de esta institución, el pago de US$5 millones al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral, en relación con terrenos ubicados en el área del antiguo Aeropuerto de Herrera, reflejan una visión incompleta de la situación jurídica del caso.
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El proceso judicial al que se refieren las publicaciones ha tenido una extensa trayectoria procesal, incluyendo decisiones de distintos tribunales, entre ellos el Tribunal Superior de Tierras, así como recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la decisión dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se encuentra sujeta a los recursos que establece el ordenamiento jurídico dominicano, incluyendo el conocimiento y decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia.
En cuanto al origen de la operación objeto del litigio, el Banco Central precisa que esta se produjo en el marco del pago de acreencias de contratistas del Estado dominicano para la ampliación de la Autopista Duarte, a través de la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. Como parte de ese proceso, y a partir del año 1999, el Banco Central entregó a los contratistas correspondientes, a título de dación en pago y por cuenta del Estado dominicano, terrenos de su propiedad localizados en el sector de Herrera, a requerimiento del Poder Ejecutivo y previa autorización de la Junta Monetaria.
Esa operación tuvo su origen en la suscripción de un contrato de permuta entre el Banco Central y el Consejo Estatal del Azúcar el 18 de octubre de 1999, aprobado por el Congreso Nacional, en virtud del cual este último se comprometió a entregar al Banco Central terrenos ubicados en el municipio de San José de los Llanos, provincia San Pedro de Macorís, como contraprestación de los terrenos transferidos por esta institución a los contratistas como pago de la referida deuda que mantenían con el Estado dominicano.
En consecuencia, el Banco Central rechaza cualquier interpretación de los hechos que pretenda presentar su actuación institucional como una apropiación ilegal de terrenos o como una conducta orientada a perjudicar a los contratistas. La institución ha actuado en todo momento en el marco de sus competencias legales y en cumplimiento de las responsabilidades que le fueron asignadas.
El Banco Central reitera su respeto absoluto a la institucionalidad, al debido proceso y a las decisiones de los tribunales de la República, al tiempo que se reserva el ejercicio de los recursos legales que correspondan para la defensa de los intereses del Estado dominicano y de la institución.
El Banco Central continuará aportando ante las instancias correspondientes todos los elementos documentales y jurídicos que sustentan su actuación y que permitan establecer con precisión los hechos y responsabilidades relacionados con este proceso.
