SANTO DOMINGO. El coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), Fernando P. Henríquez, destacó cómo la estrategia de lucha contra la corrupción en República Dominicana es modelo ante otros países, los cuales se acercan a pedir asesoría en la recuperación de activos implementadas por el país.
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“Cuando se instaura como política pública —que ha sido esa gran decisión que ha tomado el presidente Luis Abinader con el establecimiento del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público—, tú tocas el aspecto más sensible y el que más motiva los actos de corrupción. ¿Por qué? Porque ya corres el riesgo de no solamente perder aquello por lo que hiciste el acto de corrupción (que es para ese enriquecimiento), sino que vienen también esas sanciones civiles e indemnizaciones que pueden poner en riesgo tu patrimonio anterior a ese acto”, resaltó Henríquez durante el Foro de Contrataciones Públicas 2026.
En el panel “Rol de los organismos de control en la prevención de la corrupción” donde participaron el contralor general de la República, Geraldo Espinosa y el director financiero de la Unidad de Antifraude de la Contraloría, el coordinador del ERPP destacó la experiencia suya junto a Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones, en foros internacionales.
“Yo he sido testigo en varias ocasiones en que me ha correspondido con el director Carlos Pimentel intercambiar en foros internacionales y ver —como decía el presidente— antes tenían que venir a asesorarnos a nosotros, y hoy por hoy en esos foros internacionales hacen fila para que nosotros les demos asesoría y les enseñemos y les mostremos lo que estamos haciendo en la República Dominicana. Eso la historia lo va a juzgar y lo va a poner en su justa dimensión”, enfatizó.
Durante su intervención, destacó que la recuperación del patrimonio público da en el centro, en el corazón, de lo que es el propósito mismo de toda actuación de corrupción.
Y si el Poder Judicial lo incorpora en sus decisiones como complemento de la sanción de las penas privativas de libertad, eso será un elemento esencial para la lucha contra la corrupción, la erradicación de la impunidad y para que no exista una recompensa de ningún tipo en los actores corruptos.
Al reconocer que existen retos por superar para hacer efectiva la recuperación de lo sustraído del erario, Henríquez destacó los avances logrados en articulación interinstitucional y fortalecimiento del ordenamiento jurídico en ese sentido.
“Existe el reto superlativo de poder cambiar también la percepción del Poder Judicial de que los actos de corrupción son unos delitos de lesa humanidad. Son delitos graves que ameritan tener respuestas y sanciones que se correspondan con el daño que hacen, y que se cree esa cultura de independencia del Poder Judicial que no mantenga ese deseo de no condenar porque tal vez a quien estoy condenando mañana yo le deba o le tenga que pedir un favor”, puntualizó.
