– Al presentar sus conclusiones en la audiencia preliminar del proceso penal seguido contra la red criminal que integraban agentes policiales que sustrajeron miles de proyectiles de la Policía Nacional, el Ministerio Público solicitó al Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional que todos los acusados sean enviados a juicio.
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El fiscal litigante Enmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, manifestó que el órgano acusador confía en que se dictará auto de apertura a juicio contra todos los procesados como solicitó el Ministerio Público.
“Nosotros confiamos en que este tribunal va a acoger en su totalidad la acusación y enviará a los imputados que no llegaron a un acuerdo a juicio para que sean conocidas las pruebas que ha presentado el Ministerio Público en su contra”, dijo Ramírez a periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal que funciona en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
“Por la contundencia de esta acusación dos de los imputados llegaron a un acuerdo con el Ministerio Púbico mediante un penal abreviado y otros dos solicitaron ir directamente a juicio e hicieron una defensa positiva”, precisó.
Marino Rodríguez fue condenado a 5 años en arresto domiciliario, mientras que Miguelina Bello Segura a tres años, de ellos un año y 6 meses en arresto domiciliario, y un año y 6 meses suspendidos. Respecto a Táctical Accesories RH, S.R.L., se dispuso el cierre de la empresa y el decomiso de múltiples municiones y armas de fuego ocupadas durante el allanamiento a su local.
Ramírez recordó que el caso salió a la luz en el mes de noviembre de 2024 cuando se detectó la sustracción de miles de municiones y accesorios de armas de fuego en la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
Indicó que el Ministerio Público durante el proceso presentó acusación contra el entonces intendente, el coronel Féliz Romero y otros imputados que formaron parte de este grupo que se dedicó al robo de municiones y accesorios, los cuales posteriormente vendían a particulares y militares.
“En el día de hoy ante el Segundo Juzgado de la Instrucción, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó la acusación, se escucharon las réplicas de las defensas y se fijó el fallo para el 29 julio del presente año”, dijo Enmanuel Ramírez, quien representó al Ministerio Público en la litigación junto a los fiscales Rosa Ysabel Mejía y Melbin Romero.
La jueza Patricia Padilla fijó el fallo de esta etapa preliminar para el próximo 29 de julio de 2026.
Persecución contra estructura criminal
El grupo criminal, que fue arrestado tras la puesta en marcha de la Operación Pandora, es acusado de integrar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado con 92 millones 191 mil 732 pesos y 92 centavos, a través de la sustracción de miles de municiones y pertrechos que se encontraban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión del coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien cumple prisión preventiva por su vinculación al caso.
El expediente también involucra al capitán Nelson Valdez, en prisión preventiva, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos del cuerpo del orden al momento en que la organización criminal fue desmantelada tras la puesta en marcha de la Operación Pandora en noviembre de 2024.
Igualmente, son procesados Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez y Morelbin Medina Pérez, quienes cumplen distintas medidas de coerción.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa en el expediente de la Operación Pandora a 11 personas físicas de la sustracción y venta ilícita de los proyectiles, armas y explosivos de la institución.
Según la investigación, los imputados participaron de manera directa en las maniobras ilícitas con el objetivo de distraer bienes propiedad de la Policía Nacional para luego proceder a comercializarlos de manera ilícita y obtener beneficios económicos de estas ventas en detrimento del Estado dominicano.
El grupo es acusado por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores en violación a varios artículos del Código Penal dominicano, así como de violar la Ley 631-16 sobre Armas e incurrir en legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios y otros materiales relacionados. También, por alteración, falsificación, sustracción y ocultamiento de pruebas.
