La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, se reservó para este martes, a las 10:00 de la mañana, el fallo de medida de coerción contra los 20 señalados de corrupción en la Operación Calamar.
Romero tomó la decisión luego de que los exfuncionarios, ciudadanos imputados y sus representantes legales, así como el Ministerio Público presentaron sus alegatos en el proceso que se inició el pasado 18 de marzo con el apresamiento del supuesto entramado.
El Ministerio Público terminó de leer el extenso expediente acusatorio de 2,120 páginas a través del cual pide arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida del país contra 14 encartados.
Con 14 de los imputados, que se declararon culpables, el Ministerio Público acordó la imposición de medida de coerción que solicitaría a la jueza. Y para los seis restantes pidió 18 meses de prisión preventiva. También solicita a la jueza declarar el caso complejo, por el supuesto desfalco de más de 19,000 millones de pesos contra el Estado.
Todas las audiencias realizadas desde mediados de marzo son a puertas cerradas en el Palacio de Justicia, lugar que ha sido resguardado a lo interno y externo por agentes de la Policía Nacional y del Ejército para prevenir la concurrencia de activistas que han estado protestando y alegando la inocencia de algunos de los apresados.
El órgano persecutor sigue representado por la procuradora adjunta y directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso y el procurador adjunto y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
La prisión preventiva fue solicitada contra los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
También, contra el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y Aldo Antonio Gerbasi.
