Un tribunal del distrito judicial de La Altagracia impuso distintas medidas de coerción contra cuatro personas sometidas a la justicia por el Ministerio Público por estar vinculadas a la organización, coordinación y ejecución de dos operaciones de tráfico ilícito de migrantes con destino a Puerto Rico.
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La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, sometió a la justicia a los imputados luego de acciones coordinadas con la Fiscalía de La Altagracia, la Armada de República Dominicana y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (USCG) en Puerto Rico.
Las autoridades, que trabajan de manera conjunta para fortalecer la respuesta contra las estructuras criminales dedicadas a esas actividades ilícitas, interceptaron a 128 personas como resultado de operativos ejecutados en el marco de un proceso de investigación desarrollado mediante la coordinación interinstitucional.
Posteriormente, el Ministerio Público solicitó la imposición de medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia.
En una de las operaciones fueron interceptadas 77 personas, mientras que en la segunda fueron detenidas 51, quienes pretendían llegar de manera irregular a territorio puertorriqueño utilizando embarcaciones empleadas para este tipo de travesías clandestinas.
Como resultado de las investigaciones y de las evidencias recopiladas, fueron sometidos a la acción de la justicia Vladimir Lajara Aguasvivas (el Mello), señalado como organizador, a quien el tribunal impuso tres (03) meses de prisión preventiva.
A los procesados Wiston José Muñoz Rosario y Berto De La Rosa Ortega, vinculados a la operación en la que fueron interceptadas 77 personas, recibieron como medidas de coerción garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
De igual manera, Iván Peña Faña, señalado como capitán de la embarcación utilizada en la operación en la que fueron interceptadas 51 personas, recibió garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
De acuerdo con las investigaciones, los imputados estarían vinculados a una estructura dedicada a la organización y ejecución de operaciones de tráfico ilícito de migrantes hacia Puerto Rico, utilizando embarcaciones clandestinas y exponiendo la vida de sus ocupantes a los múltiples peligros asociados a este tipo de travesías marítimas.
Los implicados podrían enfrentar severas sanciones penales, que podrían alcanzar hasta 30 años de reclusión mayor, atendiendo a las circunstancias agravantes atribuidas al caso, entre ellas, el intento de trasladar fuera del territorio nacional a personas prófugas de la justicia, así como a decenas de nacionales haitianos indocumentados y en condición migratoria irregular, conforme a las disposiciones de la Ley núm. 46-25, que modifica la Ley núm. 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La Armada de República Dominicana destacó que estos resultados evidencian la importancia de la cooperación nacional e internacional para enfrentar las estructuras criminales que se lucran poniendo en riesgo la vida de personas mediante travesías marítimas clandestinas.
En ese sentido, la institución naval reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las operaciones de vigilancia, inteligencia e interdicción marítima, en estrecha coordinación con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, al tiempo que mantendrá su colaboración permanente con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas para identificar, perseguir, apresar y poner a disposición de la justicia a organizadores, capitanes, colaboradores y demás integrantes de estas estructuras criminales.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no poner en riesgo su vida participando en travesías marítimas clandestinas, y exhortaron a abstenerse de colaborar, financiar o facilitar las actividades de personas y organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, una práctica criminal que históricamente ha provocado pérdidas humanas y dolor en numerosas familias dominicanas.
