Glenn Davis
En la República Dominicana, la violencia contra las mujeres a manos de sus parejas o ex parejas se ha convertido en una crisis nacional que demanda una respuesta urgente y contundente. A pesar de los esfuerzos visibles por abordar esta problemática, los feminicidios continúan incrementándose, dejando un rastro de dolor y desolación que no podemos ignorar.
Es evidente que se ha hecho mucho, pero a la vez nada. Las campañas de concienciación, las charlas, las conferencias y las marchas han sido insuficientes para detener esta alarmante tendencia. La realidad es que, a medida que pasa el tiempo, estos crímenes se vuelven más frecuentes y escandalosos. En 2024, superamos los 70 feminicidios reportados, y en el primer mes de 2025 ya rondamos las 10 víctimas. Estos números son los que se pueden ver oficialmente, no queremos imaginar los que no logran ser reportados por las autoridades.
Los expertos en derecho, los políticos y la sociedad en su conjunto deben iniciar un debate profundo sobre la implementación de medidas más drásticas para castigar estos delitos. La cadena perpetua o incluso la pena de muerte son opciones que algunos consideran extremas, pero para aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido a manos de un agresor, estas medidas pueden parecer justificadas. Los defensores de los derechos humanos podrían alarmarse ante tales propuestas, pero la urgencia de la situación requiere que exploremos todas las posibilidades.
El impacto de los feminicidios se extiende más allá de la víctima directa. Cada año, un número creciente de niños, niñas y adolescentes queda huérfano. ¿Qué hacemos con ellos? ¿En manos de quién quedan? ¿Qué rol juega el Estado en su protección y cuidado? Esta situación contribuye a perpetuar un ciclo de violencia y delincuencia, ya que muchos de estos jóvenes, sin el apoyo adecuado, pueden verse arrastrados a la criminalidad. Las estadísticas lo confirman: los principales actos delictivos están siendo cometidos por jóvenes menores de 25 años.
Además del dolor humano, los feminicidios tienen repercusiones económicas y sociales significativas. La pérdida de vidas productivas, el costo de los servicios médicos y legales, y el impacto en la salud mental de las familias y comunidades son devastadores. La violencia de género es un obstáculo para el desarrollo y bienestar de nuestra nación.
El reciente caso en La Vega, donde un ex miembro de la Policía Nacional asesinó a su pareja y a su suegra frente a sus hijos, es un crudo recordatorio de la necesidad de actuar. No podemos permitir que estos actos atroces se conviertan en parte de nuestra cotidianidad. Necesitamos endurecer las penas para que aquellos que siquiera piensan en cometer tales atrocidades se detengan a reflexionar.
Es hora de reconocer que las palabras no son suficientes. Si las medidas preventivas no han logrado frenar esta ola de violencia, quizás sea momento de considerar alternativas más severas. Como sociedad, debemos unirnos para proteger a nuestras mujeres y garantizar un futuro más seguro para todos. ¿Habrá que hacerlo por las malas?
