Las recientes denuncias sobre descuentos a empleados públicos presuntamente vinculados a proyectos o movimientos políticos no son un hecho aislado. Son la manifestación de una cultura donde el empleo público todavía se percibe como extensión partidaria y no como servicio al Estado.
Pero aquí surge la pregunta incómoda: ¿por qué estas prácticas sobreviven?
La respuesta no está únicamente en los partidos ni en los funcionarios. Está también en la débil formación política y cívica de nuestra sociedad, incluyendo a los propios empleados públicos, que muchos desconocen, por ejemplo:
• Qué establece la Ley de Función Pública.
• Qué límites impone la ley electoral.
• Cuáles son sus derechos frente a presiones políticas.
• Cómo denunciar formalmente irregularidades.
Cuando un empleado no sabe que un descuento con fines políticos puede ser ilegal o que tiene derecho a negarse sin represalias, el abuso encuentra terreno fértil. Y cuando la ciudadanía no comprende la diferencia entre Estado y partido, termina normalizando lo que debería escandalizarla.
La falta de formación política produce tres efectos devastadores: Normaliza el clientelismo, Debilita la capacidad de denuncia y Fortalece la impunidad.
Sin educación cívica sólida, la democracia se reduce a votar cada cuatro años. Y una democracia que solo vota, pero no entiende sus instituciones, es una democracia vulnerable.
Y el precio, como siempre, lo pagará el contribuyente.
