Pedro Caba
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En una entrevista esta mañana con el ingeniero José Luis Moreno San Juan nos enteramos de una serie de acciones en el área de distribución y comercialización del subsector eléctrico que apuntan en el sentido correcto, máxime si como pude advertir sin que él me lo dijera participa junto al equipo opera en esa dirección:
Las acciones, según nos adelantó Moreno San Juan, apuntan:
1.-Incrementar la tarifa eléctrica en esta ocasión en un 10%, puesto que por numerosas fallas acumuladas en los últimos años, el precio de la energía a que expenden las Ede es el mismo al que compran de las generadoras y no dejan margen al beneficio que le acuerda la Ley General de Electricidad a las Ede por servir de intermediarias.
2.-Que al incrementar en esta primera fase de apenas un 10% se tratará de concienciar al público mediante una extensa campaña publicitaria que ahorre energía para reducir el subsidio que el Estado aporta por dos vías: a).- por vía presupuestaria desde el Fondo FETE, y b).-por las mismas Ede, aunque en menor cuantía que aquél. Estas son las pérdidas que tanto magnifican medios de opinión sin averiguar causales y para satisfacer sectores políticos y empresariales.
3.-Que se mantiene la disposición de política general del gobierno de Luis Abinader de que a los sectores marginados que consumen hasta 300 kilovatios-hora mes se les mantenga el subsidio del bono eléctrico que, si bien ha alcanzado a una población considerable de empobrecidos, todavía restan unos 500 mil hogares por formalizar. A partir de los 300 kilovatios-hora mes la factura se incrementa en forma escalonada desde las Ede al usuario, penalizando a los de más alto consumos.
Como estamos transitando por esta vía para corregir el enorme déficit fiscal en el subsector eléctrico, sería bueno aprovechar para establecer la tan esperada tarifa técnica, que analiza y pone precio a cada uno de los componentes del valor final de la energía desde el combustible, la generación hasta la comercialización.
La cercanía, y ojalá que asesoría, del ingeniero Moreno San Juan en el área de distribución y comercialización de la energía (EDE) es una garantía se tomará en cuenta la sensibilidad social y el buen juicio apartado de toda afectación empresarial privada.
En algún momento, el jefe del Estado o alguien del gobierno con credibilidad deberá explicarle a la oposición la causa por la cual de un 27% promedio de pérdidas que tenían las Ede en el 2019 pasaron a rondar el 40% en este gobierno, porque eso es lo que explica la gobernabilidad política que en gran medida aún disfrutamos después de la pandemia.
Muchos olvidan por conveniencia, que la estructura productiva quedó postrada por la pandemia alcanzado, como el caso del turismo cero actividad por buen tiempo y que el empleo se redujo al mínimo indispensable. Y sin embargo, la energía eléctrica llegaba a todos los hogares, incluidos los hogares informales.
Que los pasados gobiernos dejaron se acumularan salarios de apenas un tercio de los que hoy disfruta un guardia o un policía, que los médicos y maestros sirven al Estado han duplicado sus emolumentos mensuales en procura de la equidad.
Y que, aún así, los ingresos de la inmensa mayoría vive en los sectores depauperados de las grandes ciudades o del campo no tienen con qué pagar lo que cuesta la energía, por lo que el Estado debe suplirle los bonos eléctrico y de gas, además de ayudas adicionales en el transporte masivo, educación de base y universitaria y alimentaria mediante comedores populares.
Todo ello a contrapelo del empresariado del sector eléctrico que inciden en el CONEP y en la AIRD y de sus asesores Andy-Jaime Aristy, la CREES y directivos de medios de opinión que sólo atinan a defender sus intereses sin importar consecuencias.
