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Trump anunció el pasado viernes, luego de la sentencia del alto tribunal contra su política comercial, que no iba a bajar la guardia y que los aranceles que imponía serían reemplazados por un gravamen generalizado del 10%. Durante el fin de semana dijo que los aumentaría al 15%.
Estos derechos aduaneros tienen como objetivo combatir “los grandes y graves déficits de la balanza de pagos”, según la Casa Blanca.
Este nuevo arancel solo tiene una duración de 150 días, a no ser que el Congreso lo extienda.
El arancel general no cubre la inmensa parte de los productos procedentes de Canadá y México, en virtud del acuerdo de libre comercio entre los tres países.
Las importaciones de ciertos productos como automóviles y acero sí pueden ser gravados a voluntad del gobierno, según concedió en el fallo la Corte Suprema en una votación de 6 a 3.
Pero en su decisión, el alto tribunal declaró ilegal una gran parte de los aranceles y desautorizó al presidente la potestad de aplicarlos y modificarlos como quisiera invocando razones de emergencia nacional.
Desde abril del año pasado, esa “emergencia nacional” fue la principal arma diplomática y económica de Trump, tras décadas de aranceles significativamente más bajos que en muchos otros países occidentales.
Estados Unidos fue abriendo progresivamente sus fronteras a las importaciones desde los años 1980, una política que Trump juzgó errónea porque a su juicio no tuvo suficientes contrapartidas de sus principales socios comerciales, como Japón, la Unión Europea o China.
Al mismo tiempo que aplicaba esos aranceles, el gobierno Trump fue negociando a lo largo de 2025 nuevos tratados comerciales con países como Corea del Sur o India.
El Tratado de Libre Comercio T-MEC con Canadá o México debe ser renegociado este año.
Trump se ha mostrado muy enojado desde el viernes con la decisión de la Corte Suprema, porque a su juicio le quita herramientas de presión no solamente económica, sino también diplomática.
La Casa Blanca tuvo que rectificar por ejemplo el decreto presidencial 14380 del 29 de enero, por el que aplicaba aranceles especiales a los países que suministraran petróleo a Cuba, invocando razones de “seguridad nacional”.
El gobierno Trump ya trabaja a toda máquina para buscar un esquema arancelario más estable, porque Trump ha dejado claro que los derechos aduaneros se van a quedar mientras él sea presidente.
No tan claro está el destino de hasta 170.000 millones de dólares que Estados Unidos ha recaudado hasta la fecha.
Compañías estadounidenses, así como estados demócratas, ya han anunciado que pelearán ante la justicia para que el gobierno les indemnice, una batalla que podría durar años, según reconoció Trump el viernes.
El republicano también amenazó con fuertes aumentos en los aranceles a las importaciones procedentes de países que decidan “jugar” con los impuestos aduaneros.
“Cualquier país que quiera ‘jugar’ con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EEUU durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco”, publicó Trump en las redes sociales.
