Abraham Montero
La jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca R. Potentini Rosario, juez control del denominado caso Calamar, intimó el pasado lunes al Ministerio Público para que presente acto conclusivo de la investigación que realiza sobre el señalado caso de corrupción.
Con esta decisión la magistrada Pontentini Rosario negó otorgarle una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público que había solicitado para concluir con las investigaciones. Ahora el Ministerio Público está en la obligación de presentar acusación contra los involucrados en el caso Calamar en un plazo no mayor de 15 días, por lo que deberá hacerlo el 6 de mayo próximo.
El dispositivo de la decisión de la jueza Potentini Rosario dice: “Intima a la Dra., Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, superior inmediato del Wilson Manuel Camacho, procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y se ordena notificar a las víctimas para que formulen su requerimiento en un plazo común de 15 días”.
Ante esta decisión, se da por un hecho que la que la PEPCA que encabeza el magistrado Camacho presentará acusación formal contra los involucrado en el caso Calamar, donde se imputa como los cabecillas del entramado a los exministros de la Presidencia, Hacienda y Obras Públicas, José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.
De acuerdo a informaciones que tenemos, algunos de los involucrados en supuesto caso de corrupción administrativa y desfalco contra el Estado, están en proceso de negociaciones con la Procuraduría General de la República.
Pero este caso Calamar tiene algunos aspectos que pueden calificarse de novedosos, como es involucrar como “querellantes” en el voluminoso expediente a personas que no son titulares de derechos y otros, que no habiendo firmado contratos con el Estado, ni habiendo recibido pago alguno, carecían de causa para el querellamiento.
Los querellantes en este caso, denominado por el Ministerio Público como Calamar, son representados, una parte, por la oficina del abogado José Javier Bidó y la otra parte, por la togada Teresa de Jesús Silverio, quienes reclaman el pago de las propiedades de un grupo de alegados herederos, que involucra más de 40 mil metros. Algunos recibieron el pago de sus terrenos por parte del Estado.
Pero en el expediente hay cosas que llaman al asombro, y una de ella es que si el Estado no le pagó a los querellantes por no haber firmado contratos con ellos, uno se pregunta cómo es posible que hayan sido estafados, y es obvio entonces que ninguno de los 20 encartados pudo haberlo perjudicado.
Por igual, sin ningún título, existen varias querellas de Zayda Montalvo, a la que se adhirió Pablo Castillo, en su mayoría por pretendientes a herederos de personas titulares de derecho que no han cobrado y, a quienes, aunque fueran ciertos los argumentos, los encartados no les han causado ningún daño en ocasión del hecho que da lugar al caso CALAMAR, que es el pago irregular por supuestos sobornos.
Tenemos informaciones que el viernes de la semana pasada la PEPCA se reunió con querellantes y los querellados para arribar a acuerdos con el Ministerio Público.
En ese encuentro, en que no se debatieron calidades, supuestamente el PEPCA mostró su disposición de liberar de oposiciones las propiedades de los Sucesores de Jorge Mota a los fines de que, una vez presentada las acusaciones, pudieran iniciar el proceso de pago bajo las sentencias obtenidas por el doctor Angel Lockward, quien ofreció ceder a los abogados de los querellantes, la totalidad de sus honorarios sobre 251,986.10 metros que representan RD$98.3 millones de pesos, de los cuales RD$ 29.5 corresponden a honorarios.
En los próximos días, dependiendo de los acuerdos que se presenten, sabremos si esta “grasa”, es suficiente para los abogados que esta vez parecen estar abiertamente en contra de que sus clientes cobren.
