Hoy se cumplen 15 días desde que el pasado lunes 14 de este mes, la provincia de San Cristobal fue sacdida con una explosión que dejó un saldo de 34 muertos y decenas de heridos.
Las autoridades todavía no dan el informe oficial sobre la causa de la explosión. Sin embargo, ya se ha generado el debate sobre quiénes son los responsables civil y penalmente.
Mientras muchos siguen sin entender aún el origen de la explosión, como datos preliminares, el Ministerio Público informó a una semana del suceso que son varias las personas bajo investigación aunque ninguna ha sido detenida.
“Nosotros estamos en el proceso de investigación no hemos hecho ningún tipo de detención. Estamos ahora recopilando todas las evidencias del lugar reconstruyendo los hechos para en base a esos hechos fijar una posición y fortalecer el proceso”, comunicó a elCaribe la fiscal de San Cristóbal, Fadulia Rosa.
Al enfatizar en que el órgano persecutor realiza las indagaciones a la mayor premura posible, la representante del Ministerio Público confirmó vía telefónica que entre las personas bajo investigación está un servidor público quien figura como uno de los propietarios de la empresa Vidal Plast, en la que afirma se produjo el suceso.
Este hecho devela una vez más la falta de supervisión y control en las normativas que regulan el uso de suelo y de negocios que manejan materiales inflamables y sustancias altamente peligrosas.
La explosión tuvo un efecto dominó por ser una zona industrial donde operaban fábricas de plásticos, colchones, con la presencia de materiales inflamables. Y precisamente ese elemento hizo más difícil la angustiante búsqueda. Consultado al respecto, el urbanista Marcos Barinas sostuvo que la tragedia ocurre en el mismo centro del área más formal de esa ciudad.
Recordó que profesionales, funcionarios y la sociedad civil organizada hace mucho viene requiriendo un plan de ordenamiento para San Cristóbal.
