Daniel García
Un informe para la modificación de la Ley de Seguridad Social (87-01), realizado por una comisión bicameral del Congreso Nacional, ha recibido críticas de parte de interesados, como la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), entre otros.
La propuesta de variación de esa legislación no refleja muchas de las aspiraciones planteadas principalmente por los dueños de los más de RD$1.09 billones acumulados en los fondos de pensiones, como son los más de 4.8 millones de afiliados a las AFP.
Resulta ilógico concentrar esfuerzos en tratar de reducir el tiempo para recibir una pensión de 60 a 55 años, cuando en países desarrollados, como Francia y España, la propuesta es aumentarlo por la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones.
Otro punto fuera de la razón es querer transformar nuestro sistema de capitalización individual en uno de reparto o mixto, con más incidencia y responsabilidad de aportes de recursos del Gobierno, lo cual se traduciría en una mayor carga para los ciudadanos que pagamos impuestos.
El sistema de reparto se refiere a que todos los dominicanos recibirían una pensión, incluyendo quienes no trabajen, con el sustento de los aportes de los empleados y del Estado, lo cual sería lo ideal, pero ese método ha mostrado sería debilidad e ineficiencia en naciones con mayores fortalezas institucionales en comparación con República Dominicana.
La modificación de nuestra Ley de Seguridad Social debe enfocarse en aspectos lógicos y posibles, entre ellos la revisión de las libertades dadas a las AFP para la administración e inversión de los fondos.
Resulta injustificable que con esos recursos se obtengan tasas de rendimiento por debajo del 7%, cuando un simple ciudadano puede comprar bonos del Banco Central a una tasa anual de hasta un 15%.
Los fondos de pensiones pueden ser colocados hasta a un mínimo de 5% de tasas de interés. Eso debe ser revisado, ya que se puede prestar a que los administradores de los fondos de pensiones favorezcan a grupos, en perjuicio de los verdaderos dueños de esos recursos.
En el aspecto de la salud, hay mucho que revisar y cambiar, incluyendo la ampliación de la cobertura de medicamentos de bajos y altos costos, así como las ganancias de las administradoras de riesgos de salud (ARS). Por suerte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que lo presentado por la comisión bicameral del Congreso Nacional no es un informe definitivo y que la modificación de la Ley de Seguridad Social requiere el consenso de todos los sectores, lo cual debe incluir a los trabajadores.
Esperamos que entre los congresistas prime la razón y aprovechen la oportunidad para hacer la verdadera y efectiva reforma de la Ley de Seguridad Social, anhelada desde hace años por la mayoría de los dominicanos.
