La reciente implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias constituye un avance relevante en el sistema financiero dominicano, al facilitar el acceso al crédito de personas físicas y MiPymes de manera más ágil, en mejores condiciones de tasas y plazos.
Así sostuvo la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), tras ponderar que la aplicación de la Ley de Garantías Mobiliarias incrementa la confianza y establece reglas claras entre los participantes en procesos crediticios, al crear un sistema unificado donde se registran los bienes muebles ofrecidos como aval por quienes solicitan un financiamiento.
Asimismo, la ABA destacó que el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) permite a las personas físicas, cuentapropistas y MiPymes acceder al sistema financiero de manera más rápida, y también incluye como garantías bienes muebles que tradicionalmente no eran considerados como tales o que se admitían bajo discrecionalidad.
Explicó que el SEGM es gestionado por el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes y está contemplado en la Ley 45-20 de Garantías Mobiliarias y su reglamento 18-23. Esta normativa legal tiene como finalidad ampliar el uso y fomento por las pequeñas y medianas empresas de los bienes muebles como garantía de crédito y su aplicación, precisó.
La Asociación de Bancos señaló, además, que entre los bienes muebles que aplican como aval para obtener un financiamiento, según citada ley, figuran maquinaria y equipos de producción, patentes, pero también el flujo de caja actual y a futuro, e incluso los denominados royalties (ganancias por derechos de autor).
“De este modo, personas y empresas con dificultades de acceso al financiamiento por no tener suficientes avales de garantía, ahora tendrán la posibilidad de acceder al crédito de forma más rápida y con mejores condiciones de plazos y tasas”, ponderó.
En un documento de prensa, el gremio bancario expuso que la banca múltiple se ha incorporado paulatinamente al sistema unificado donde deben registrarse los bienes muebles ofrecidos como garantía por las personas físicas o jurídicas que procuran obtener financiamiento formal.
Sostuvo que la aplicación de esta normativa contribuye a la agenda de desarrollo del país, mediante el impulso al acceso al crédito y por consiguiente al dinamismo económico.
