El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, se reservó el fallo de la audiencia preliminar del caso Pulpo para el próximo 7 de febrero a las 9:00 de la mañana.
Durante la audiencia, varios de los encartados aprovecharon su turno ante el tribunal para defenderse contra las acusaciones del Ministerio Público y además eximir de culpabilidad a Alexis Medina, quien es señalado como el cabecilla de la supuesta red de entramado de corrupción.
El caso Antipulpo tiene como imputados a varias personas, entre los que se encuentran Alexis Medina; la ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Carmen Magalys Medina; el expresidente de esa institución, Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública, Lorenzo Hidalgo Núñez (Freddy); José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda.
Imputados se defienden
El exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Aquiles Cristopher, quien es acusado por el Ministerio Público de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y soborno.
“En los documentos que le presentó el Ministerio Público se ve como es el señor Leónidas Esteban Valdés Sánchez solicita el pago total, no Aquiles Cristopher; Aquiles Cristopher lo que está diciendo ahí es que faltan equipos, nosotros dijimos que no estaban completos y aun así el licenciado Leónidas pagó… No es Aquiles Cristopher el que tenía que estar aquí, el que tenía que estar aquí preso era Leónidas Valdés”, expresó Cristopher al hablar de los contratos de supuestos pagos que según las autoridades, él autorizó.
El mismo prosiguió su comparecencia ante el juez Deiby Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, y agregó que el Ministerio Público no ha “podido establecer” cuál fue el “supuesto beneficio” que él obtuvo de su “presunta” participación en el enramado de corrupción.
Por igual, habló el ingeniero Rigoberto Mendoza, quien exclamó que este conoció al hermano del expresidente Danilo Medina “cuando esté no había cometido ningún acto ilícito y solo era proveedor del Estado”, además de que lo conoce “hace muchos años”.
Mendoza enfatizó que el hecho de figurar en el expediente lo ha llevado a perder clientes y no ha podido volver a reponer su situación económica; en ese mismo orden, Carlos José Alarco, añadió que en “ningún momento” Alexis Medina se le acercó para ofrecerle nada que “falte a la moral y a la ética profesional”.
“Porque dañaría a la sociedad dominicana y a mi carrera, estoy aquí magistrado defendiendo mi honor, el de mi familia y el de mi profesión, de los cuales este proceso me ha causado un problema, soy consultor tributario y tengo tres clientes, y todos me llamaron recientemente para terminar el contrato”, exclamó el imputado.
El mismo señaló que le “dieron dos opciones” en el Ministerio Público, que fue la de colaborar con ellos o estar en el “proceso” y que por no asumir “la culpa” se encuentra inmerso en el mismo.
De su lado, José Idelfonso Correa señaló que en todo lo explicado por el Ministerio Público en relación a los señalamientos con relación a su persona y a Alexis Medina solo “existen operaciones legales mediante mecanismos legales”.
También, el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, y el ex fiscalizador de esa institución, Aquiles Christopher.
Además, Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general, Rafael Antonio Germosén Andújar; Domingo Antonio Santiago Muñoz, Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
Al tiempo que el expediente involucra a 21 compañías contra las cuales también se solicitó apertura a juicio, entre las que están General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L.
A mediados de la semana pasada, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó dictar auto de apertura a juicio en contra de todos los implicados en el caso, excepto con lo que el Ministerio Público llegó a un acuerdo.
El procurador adjunto Wilson Camacho pidió enviar al grupo a juicio de fondo para que allí respondan por los hechos que se le imputan.
“Pedimos al tribunal acoger de manera total la acusación del Ministerio Público y enviar a juicio a todos los acusados excepto a los que el ministerio público llegó a un acuerdo con ellos”, dijo Camacho al concluir la contrarréplica de la defensa.
Igualmente, pidió rechazar todos y cada uno de los incidentes planteados por la defensa de los encartados por los mismos, no ser conforme a la realidad de la acusación y en consecuencia carecer estos incidentes de fundamentos y estar apartado del derecho.
