La emblemática empresa constructora brasileña Odebrecht, actualmente operando bajo la razón social OECI Dominicana, ha comenzado a ampliar nuevamente su presencia en la República Dominicana, con una participación activa en proyectos estratégicos tanto del sector público como del sector privado.

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Se estima que los contratos actualmente en ejecución por sus socios locales superan los 500 millones de dólares, marcando un nuevo capítulo en su operación en el país.

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Este resurgimiento coincide con una renovada supervisión estatal a obras claves en el Gran Santo Domingo. Los ministros José Ignacio Paliza, de la Presidencia, y Eduardo Estrella, de Obras Públicas, han inspeccionado recientemente los trabajos en la Plaza de la Bandera y la zona de Pintura en la prolongación 27 de Febrero, donde se construyen pasos a desnivel, túneles y sistemas viales destinados a aliviar el tránsito en uno de los puntos más congestionados del país.

Uno de los nombres que reaparece en esta dinámica es Flavio Campos, quien representó a Odebrecht en República Dominicana desde 2010 y que hoy trabaja bajo el nombre de la empresa Constructora JM, aliada local en proyectos que involucran a OECI. Esta alianza impulsa diversas iniciativas de gran envergadura, incluyendo una ambiciosa incursión en el sector turístico, con inversiones significativas en destinos como Las Terrenas, Samaná.

Entre los proyectos más destacados se encuentra Silver Beach, un desarrollo turístico de lujo actualmente en fase de preventa. Los apartamentos se cotizan hasta en 950 mil dólares, y el proyecto se ejecuta junto a reconocidas firmas dominicanas como Structa Asesoría y Administración, liderada por el arquitecto Roberto Rijo, Constructora Monarau y Noval Properties Internacional.

Aunque Odebrecht continúa enfrentando desafíos reputacionales tras los escándalos de corrupción que sacudieron a varios países latinoamericanos —incluyendo la República Dominicana—, su estrategia actual apunta al sector privado, evitando así una exposición directa a contrataciones estatales. Esta decisión es interpretada por algunos sectores como un intento de reconstruir reputación y contribuir al desarrollo desde un enfoque más cauteloso.

Sin embargo, la empresa aún mantiene una deuda pendiente con el Estado dominicano: de los US$184 millones acordados como compensación por sobornos admitidos, faltan por saldar US$154 millones, lo que sigue siendo un tema delicado para la opinión pública y las autoridades.

Pese a todo, representantes del sector construcción y áreas vinculadas ven con optimismo el dinamismo que estas inversiones podrían generar. Se espera que los nuevos proyectos se conduzcan bajo estándares de legalidad, integridad y transparencia, generando empleos, desarrollo turístico y beneficios para las comunidades.

“Si estos emprendimientos prosperan en el marco de las buenas prácticas, el país ganará mucho más que nuevas infraestructuras: ganará confianza y oportunidades”, afirmaron fuentes del sector.

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