Carlos Manuel Manzano Conrreras

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En la República Dominicana la sociedad civil ha sido, históricamente, un actor fundamental en la lucha por la democracia, la transparencia y los derechos ciudadanos.

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Pero en estos últimos años, precisamente bajo el actual gobierno, esa misma sociedad civil parece haber desaparecido del escenario público. Lo que antes era un grito firme, aguerrido y continuo, hoy es un silencio preocupante y sospechoso.

Por años, la sociedad civil en la República Dominicana se presentó como la conciencia crítica del país. Fue la voz que se alzó frente a los excesos de los gobiernos, la que denunció la corrupción, la que salió a las calles en defensa de la democracia y de los derechos ciudadanos. Sin embargo, esa voz se ha apagado. Y ese silencio es tan estruendoso como irritante.

Porque mientras la corrupción sigue galopando, mientras el costo de la vida asfixia a las familias, mientras los apagones regresan como si estuviéramos en los 80, mientras la improvisación y los errores de política pública se multiplican, la sociedad civil ha preferido callar.

O peor aún: algunos de sus principales actores parecen haberse acomodado, conformado, o cooptado por el poder, ocupando altos cargos en el tren gubernamental.

¿Dónde están las voces de Participación Ciudadana, que durante los gobiernos del PLD levantaban auditorías ciudadanas, ruedas de prensa, marchas, piquetes, con sólo surgir alguna denuncia contra la gestión pública? Hoy apenas se les escucha un tímido comunicado, como si la corrupción fuera menos corrupción dependiendo de quién esté en el Palacio Nacional.

¿Dónde está la Finjus, que en otros tiempos se erguía como referente de opinión jurídica y defensora de la institucionalidad? Hoy parece más interesada en validar proyectos oficiales que en cuestionar la debilidad de las instituciones.

¿Y qué pasó con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y las demás cúpulas empresariales, que antes se mostraban preocupadas por el rumbo del país? Ahora guardan silencio frente al desorden eléctrico, la corrupción, el endeudamiento y la inflación, porque al fin y al cabo sus intereses están garantizados.

Ni hablar de las universidades, gremios profesionales y sindicatos, que parecen más ocupados en defender sus parcelas que en levantar la voz por la sociedad. Los médicos protestan solo por lo suyo, los maestros apenas se hacen sentir, y las asociaciones comunitarias, antaño combativas, hoy lucen fragmentadas y débiles.

Y no olvidemos a las iglesias, que en otros tiempos denunciaban con fuerza los males sociales. Hoy, salvo contadas excepciones, la mayoría de las iglesias parecen optar por la prudencia y el acomodo, antes que por la denuncia profética que el país necesita.

El resultado es claro: frente a los apagones, el alto costo de la vida, la corrupción que no cesa y los errores de gestión, no hay una voz colectiva, fuerte, organizada, que represente a la ciudadanía.

La sociedad civil que antes se presentaba como un contrapeso, hoy luce como un actor neutralizado, domesticado, o en el peor de los casos, cómplice por omisión.

El pueblo dominicano no se merece una sociedad civil que grita según quién gobierne, ni con organizaciones que negocian su independencia a cambio de financiamientos, favores o puestos.

El país necesita una sociedad civil de verdad, con coherencia, con coraje, con independencia. Porque callar en medio de la crisis, frente al abuso de poder y frente a los males sociales, es otra forma de corrupción.