Abed-nego Paulino
El Senado declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto que busca reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral (15-19).
La iniciativa, propuesta por la Junta Central Electoral (JCE) y que pasará a la Cámara de Diputados para su consideración, contó con votos a favor, en contra y abstenciones.
El proyecto tiene por objetivo modificar la regulación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral respecto al ejercicio del derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegido; así como el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales.
Con la misma, se modifica el funcionamiento y las competencias de la JCE como máximo ente responsable de la organización de los comicios, regido por los principios de legalidad, transparencia, libertad y equidad establecidos en la Constitución y las leyes.
El pliego legislativo fue sometido por el órgano comicial en la Cámara Alta el pasado 05 de abril junto al proyecto que busca reformar la Ley de Partidos (33-18). Al día siguiente, esa ala del Congreso creó una comisión especial, compuesta por nueve legisladores, para que estudie las piezas. La comitiva está presidida por Ricardo de los Santos (PRM-provincia Sánchez Ramírez).
El 21 de ese mes, se inició el estudio de la legislación hasta ser aprobada hoy, cuando falta poco para cerrar la legislatura, ya que cierra el próximo 12 de enero.
Aportes relevantes
Entre los aportes más relevantes del proyecto que destacó la comisión está la coordinación y preparación de la logística del proceso electoral; diseño institucional de las autoridades electorales y sus funciones; garantías de los derechos políticos; implantación de los diferentes niveles de elecciones; y la celebración obligatoria de audiencias periódicas con representantes de los diferentes partidos políticos, agrupación y movimiento políticos.
De la misma forma, la creación de una procuraduría general especializada para la persecución de los delitos electorales; así como la delimitación clara y precisa de las competencias de la JCE y del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Al leer el informe, el senador Ricardo de los Santos ponderó que el régimen sancionador ha sido organizado de conformidad con las disposiciones legales vigentes y las penas correspondientes.
Entidades presentaron propuestas
En torno a la normativa de ley, la comisión especial recibió propuestas de: Junta Central Electoral (JCE); Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); Fundación Institucional y Justicia (Finjus); Participación Ciudadana (PC); Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril del 1965; Alianza País (AP); Dominicanos por el Cambio (DXC); Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ayer mismo.
Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) no presentaron sus observaciones.
No firmaron informe
Los senadores Félix Bautista (FP) e Yván Lorenzo (vocero del bloque del PLD), no firmaron el informe favorable que rindió la comisión especial, de la que son miembros.
El documento fue aprobado por los legisladores perremeístas Ricardo de los Santos, Faride Raful, Melania Salvador y Milcíades Franjul; como también por Dionis Sánchez y Ramón Rogelio, voceros del FP y PRSC, respectivamente, en la Cámara.
Procuraduría Especializada para la Investigación
La pieza manda a crear la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, la cual se regirá según las disposiciones de la Ley 133-11, del 9 de junio de 2011, Ley Orgánica del Ministerio Público.
La investigación y persecución de los delitos y crímenes electorales a que se refiere esta normativa de ley y las demás leyes que contienen sanciones penales en el ámbito electoral, serán realizadas por la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, dependiente de la Procuraduría General de la República.
Presupuesto de la JCE
De acuerdo a la pieza, en el Presupuesto General del Estado (PGE) de cada año, se consignará un monto que no podrá ser menor de 1.5% del monto general del presupuesto, sin perjuicio de los gastos extraordinarios para ser aplicados en procesos electorales, en referendos o plebiscitos.
Sanciones
En su artículo 302, el proyecto de ley establece que serán sancionados con penas de tres a 10 años de prisión y multa de 100 a 200 salarios mínimos a los que, utilizando cualquier mecanismo, impidan la celebración de las elecciones en las fechas previstas por la Constitución, o que ejecuten acciones tendentes a dicho propósito.
La legislación consigna, además, que serán castigados con la pena de uno a tres años de reclusión, los que votaren sin tener derecho para hacerlo; los que votaren más de una vez en una misma elección; los que a sabiendas depositaren dos o más boletas; los que votaren usando cualquier nombre que no sea el suyo; y los electores que directa o indirectamente solicitaren dádivas o presentes para votar a favor de cualquier candidato o grupo de candidatos en una elección.
Recibirán la misma pena los que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier medio, a un elector para inducirle a votar de una manera determinada.
