Margarita Cedeño
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Que el Gobierno haya definido como prioridad estratégica el fortalecimiento de la atención primaria de salud para 2026 es, sin duda, una señal positiva. La atención primaria no es un elemento accesorio del sistema sanitario, es una aspiración esencial que debe convertirse en la columna vertebral del sector salud.
Allí se juega la prevención, el diagnóstico temprano, el seguimiento de enfermedades crónicas y, sobre todo, la equidad en el acceso a los servicios de salud. Sin un primer nivel fuerte, cualquier sistema termina siendo caro, ineficiente y excluyente.
Durante años, los expertos han insistido en que los países que logran mejores resultados sanitarios no son necesariamente los que más gastan, sino los que organizan mejor su red de servicios, comenzando por una atención primaria resolutiva, cercana a la gente y bien articulada con los niveles especializados. En un país con profundas desigualdades territoriales y sociales, como la República Dominicana, esta sería la apuesta correcta, desde el punto de vista técnico, legal y ético.
Sin embargo, entre reconocer la importancia de la atención primaria y lograr que esta funcione de manera efectiva existe una brecha que no puede ignorarse. La historia reciente de las políticas públicas en salud está llena de planes bien intencionados que naufragaron en la ejecución. Las causas han sido variadas, desde centros de primer nivel sin personal suficiente, médicos sobrecargados, escasez de insumos, sistemas de información fragmentados hasta una débil coordinación con la seguridad social, problemas recurrentes que no se resuelven únicamente con voluntad política.
Nuestra aprehensión no radica en la pertinencia de la meta, sino en la capacidad real del Estado para sostenerla en el tiempo. Fortalecer la atención primaria exige inversión continua, no esfuerzos puntuales; exige reformar la gestión, en vez de concentrarse solo en inaugurar infraestructuras; y, además, exige tomar decisiones difíciles en materia de asignación presupuestaria, formación de recursos humanos y evaluación de resultados. Sin estos elementos, el riesgo es que la atención primaria vuelva a convertirse en un enunciado atractivo, pero vacío.
También preocupa que, en ocasiones, la priorización estratégica no venga acompañada de indicadores claros y mecanismos de rendición de cuentas, ni tampoco de los recursos presupuestarios necesarios. Si no se define con precisión qué significa “fortalecer la atención primaria”, cómo se va a medir ese fortalecimiento y quién evaluará su impacto, el compromiso corre el peligro de diluirse en el discurso. La ciudadanía no necesita más promesas, sino evidencia concreta de que el primer nivel de atención mejora su capacidad de respuesta y su calidad.
Dicho esto, sería injusto negar que el momento es propicio. El debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud, el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas hacen inevitable una reforma que ponga el foco en la prevención y la atención comunitaria. La pregunta no es si debemos priorizar la atención primaria, sino si estamos dispuestos a hacer lo que realmente se necesita para que funcione.
Priorizar la atención primaria es una decisión correcta. Convertirla en una política pública eficaz constituye una prueba importante para el gobierno. Entre la intención y el resultado hay un largo camino de gestión, coherencia y responsabilidad. El país no puede darse el lujo de fallar otra vez en un tema que impacta directamente la vida y la dignidad de las personas.
