El Ministerio Público destacó este lunes que deben ser condenados todos los acusados por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras y por cometer actos de corrupción registrados en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) durante la gestión de Manuel Rivas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que el Ministerio Público cumplió la promesa hecha a la sociedad de llevar ante los tribunales a los imputados de cometer el horrible asesinato de Yuniol Ramírez.
“Eso ha cumplido el Ministerio Público en el día de hoy”, sostuvo. “Más de cuatro meses de arduo litigio en el tribunal, un sinnúmero de pruebas testimoniales, documentales y periciales que establecieron la participación de cada uno de los imputados en el proceso”, agregó.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, emitirá el fallo el próximo 8 de septiembre, a partir de las 2:00 de la tarde.
“Recuerden que los jueces no fallan conforme a los alegatos de las partes, los jueces fallan conforme a pruebas y pruebas hemos presentado y estamos seguros de obtener una sentencia condenatoria”, dijo Ortiz a periodistas que la entrevistaron luego de concluida la audiencia de este lunes.
Sobre el imputado Argenis Contreras, la coordinadora de Litigación de la Pepca dijo que “todos sabemos su historia, un imputado que a pocas horas de cometer el hecho compra un vuelo de manera express, sale huyendo de la justicia, pero jamás pensó que el brazo de la justicia llegaría hasta él”.
Apuntó que el imputado fue traído al país, sometido a la acción de la justicia y será condenado con la pena de 30 años que solicitó el Ministerio Público, al igual que todos los imputados en este proceso.
Para el acusado Argenis Contreras, señalado como el autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Ramírez Ferreras, el Ministerio Público solicitó la pena máxima de 30 años de prisión.
También pidió 20 años de prisión para los imputados Manuel Rivas, Faustino Rosario, Víctor Ravelo Campos y José Antonio Mercado Blanco y cinco años para Jorge Luis Abreu, Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
El órgano acusador, además, solicitó la imposición de multas y el decomiso de los bienes obtenidos por los imputados fruto de su actividad delictiva.
El Ministerio Público inició el miércoles 11 de mayo la lectura de la acusación que contiene los cargos y las pruebas del caso, concluyendo con la presentación de más de 60 pruebas con las que aseguró demostrar la vinculación de los acusados con el crimen y los actos de corrupción en la OMSA.
El asesinato, cometido en octubre de 2017, está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte que era dirigida por Rivas desde agosto de 2012.
Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.
Luego del hecho, Argenis Contreras huyó hacia Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después entregado al país tras los esfuerzos de la actual gestión del Ministerio Público.
