José Adriano Rodríguez
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Valverde. Los productores de banano sostuvieron un encuentro con autoridades migratorias ante las constantes denuncias de maltratos y presuntas extorsiones a trabajadores agrícolas haitianos.
Cientos de ciudadanos haitianos que laboran en los campos agrícolas de comunidades como Doña Antonia y otros sectores del distrito municipal de Hatillo Palma, del municipio de Guayubín en Montecristi, narraron los supuestos abusos y chantajes durante operativos de control migratorio realizados en la zona.
De acuerdo con los testimonios ofrecidos, los trabajadores aseguran que se encontraban realizando labores agrícolas para productores locales cuando fueron detenidos por miembros del Ejército Dominicano durante chequeos en caminos rurales y áreas de cultivo.
Afirman que, tras ser retenidos junto a sus motocicletas, eran dejados en libertad luego del pago de sumas que oscilan entre 6,000 y 8,000 pesos, mientras que sus motocicletas no les eran devueltas, sin recibir explicación sobre su paradero.
Los denunciantes sostienen que estas prácticas se han vuelto recurrentes y generan temor e incertidumbre entre la mano de obra agrícola extranjera que opera en esta importante zona productiva del Noroeste, clave para rubros como banano, arroz y otros cultivos.
Tras hacerse pública la denuncia, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, se trasladó la tarde de este jueves a la ciudad de Mao, provincia Valverde, donde sostuvo una reunión con productores agrícolas de la región para abordar la situación de la mano de obra haitiana y los procesos de control migratorio en el Noroeste.
El encuentro se realizó en la Fortaleza General Benito Monción, donde el funcionario escuchó las inquietudes del sector productivo, en medio de la preocupación por el impacto que los operativos migratorios puedan tener en la producción agrícola y en la disponibilidad de trabajadores.
Ballester conversó con el reportero Andrés Rodríguez, a quien ofreció declaraciones sobre las acciones que se están tomando para garantizar que los controles migratorios se realicen con apego a la ley, respeto a los derechos humanos y sin afectar la productividad del campo dominicano.
Las autoridades no han informado hasta el momento si se abrirá una investigación formal sobre las denuncias de cobros irregulares y la desaparición de motocicletas, mientras productores y organizaciones locales esperan respuestas concretas que permitan mantener el equilibrio entre el control migratorio y la estabilidad del sector agrícola en la región.
