Alfredo Cruz Polanco
Desde hace muchos años se viene esgrimiendo el concepto de que la presión fiscal de la República Dominicana (la totalidad de los impuestos recaudados por el sector público con respecto a su Producto Interno Bruto-PIB), es muy baja con relación a los demás países de la región, pues apenas es de un 14%, por lo que se hace necesario la aprobación de una reforma fiscal.
Lo que nunca se dice es que vivimos en un país donde la gran mayoría de las personas de bajos ingresos y a un sector de la clase media, debido a las deficiencias, a la ineptitud y a la falta de voluntad política de muchos funcionarios públicos, tienen que cubrir sus propias necesidades básicas, tales como: educación, agua potable, electricidad, transporte, salud, seguridad social y ciudadana, vivienda, entre otras, lo que afecta cada día su bolsillo, por lo que tienen que apretarse el cinturón para poder enfrentar las mismas.
Según se ha dado a conocer, el gobierno pretende recaudar por medio de dicha reforma fiscal la suma de unos 115 mil millones de pesos, correspondiente a un 1.5 % del PIB, pero la misma se la van a sacar de las costillas al pueblo dominicano, a los sectores más vulnerables, a los que no tienen posibilidades de evadir el pago de los impuestos, ya que estos se les transfieren directa e indirectamente.
Ya en artículos anteriores hemos explicado que si esta reforma no se hace de manera integral, es decir, con el objetivo de corregir todas las distorsiones que existen en el actual régimen tributario, como la mala calidad del gasto público; si no es para mejorar la calidad de vida de los más depauperados, los más vulnerables; si no es para eliminar la gran evasión de impuestos, la cantidad inmensa de subsidios y exenciones concedidas a sectores poderosos, que ya no tienen razón de ser, como son los generadores de electricidad, turismo y zona franca, así como aquellos impuestos que resultan lesivos para los sectores más vulnerables, la misma no tendría razón de ser, pues el remedio puede que resulte peor que la enfermedad.
En la actualidad la evasión del ITEBIS en nuestro país ronda el 47% del PIB y la del Impuesto sobre la Renta, más del 50%, lo que genera una gran ira e indignación en la clase pobre y media al observar cómo se le carga a ellos todo el peso de la ley, en cambio, a los que evaden y a los que disfrutan de grandes privilegios fiscales, no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Somos el tercer país más deficiente de la región en el cobro del ITBIS y del Impuesto sobre la Renta.
Considero que con la persecución y control de los evasores del pago de los impuestos, con la eliminación de los subsidios y exenciones fiscales; con la organización y control de los que ejercen el comercio y las profesiones liberales que forman parte de la denominada economía informal; gravando a los sectores más pudientes, el Estado obtendrá los ingresos necesarios para enfrentar la gran deuda social que hoy tiene pendiente. Lo que falta es voluntad política y aplicar un régimen de consecuencia a los que violan la ley.
Los funcionarios del actual gobierno no tienen calidad moral para pedir más sacrificios fiscales a la clase media y a la población de bajos ingresos, cuando esta es golpeada sistemáticamente con las medidas antipopulares del gobierno, que han disparado la canasta familiar a niveles nunca visto, mientras estos exhiben un gran derroche de los recursos públicos en publicidad, subsidios, pensiones indecorosas; con el festival de préstamos obtenidos para el pago de los intereses de la deuda externa.
Además de la mala calidad de los servicios básicos, la próxima reforma contempla ampliar la base impositiva a distintos productos y servicios: a todos los alimentos, salud, medicinas, educación, transporte, combustibles, entre otros. Una reforma fiscal no solo es para aumentar los ingresos fiscales, es para proteger a los sectores sociales más desposeídos.
Tenemos que aprender de los países que no han tenido la necesidad de hacer reformas fiscales para atender las necesidades básicas de sus ciudadanos, pues son eficientes en el cobro de todos sus impuestos.
El autor es Contador Público Autorizado. Máster en Relaciones Internacionales. Exdiputado al Congreso Nacional y Miembro de la Cámara de Cuentas de la República.
