La Junta Central Electoral ha estado trabajando en forma ágil y meticulosa para el montaje de los procesos electorales pautados para febrero y mayo del próximo año.
El tribunal de elecciones ha sido diligente y abierto, en una jornada de la que participan representantes de los partidos políticos.
No fue hasta hace unos días, cuando la JCE comenzó a sentir los embates de un escarceo juridico-político, tras su decisión de emitir la resolución 20-23 que dispone reservas del 20 por ciento por nivel electoral.
Rechazada por la mayoría de los partidos de la oposición y de sectores internos del partido oficial, la citada resolución es objeto de un recurso de revisión que deberá seguir la ruta establecida por la Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos.
El recurso en cuestión se sustenta básicamente sobre los alegados límites que impone la 20-23 a los acuerdos electorales.
Pensamos que prosperen o no los recursos, es saludable adelantar que estamos ante un tribunal que se ha mostrado fiable ante la sociedad y los propios partidos políticos, por lo que sus decisiones ameritan del escrutinio enteramente legal, institucional y político.
Preservar la integridad de la Junta Central Electoral y con ello garantizar unas elecciones libres de nubarrones, prejuicios y perturbaciones para el sistema democrático, no es solo una gran responsabilidad de los honorables miembros de ese tribunal.
Que todos lo entiendan.
