Ana Milena Varón
Los Ángeles.– La falsa retórica republicana sobre el fraude electoral, que ha impulsado purgas de votantes en varios estados, ha socavado la confianza de inmigrantes que se han naturalizado, quienes han sopesado si participan o no en las cruciales elecciones del próximo 5 de noviembre a pesar de ser elegibles para sufragar.
Más de 30 casos relacionados con las purgas de votantes se han presentado en al menos 19 estados en el país, que incluyen a Nevada y Carolina del Norte, según el rastreador de litigios electorales Democracy Docket. Actualmente hay 15 litigios activos sobre este tema.
En estados como Indiana, Tennessee y Alabama el escrutinio apunta a la verificación de la ciudadanía de miles de votantes inmigrantes naturalizados.
“Creemos que la purga (en Alabama) fue una decisión motivada políticamente que ataca injustamente a los ciudadanos naturalizados e impide a los estadounidenses calificados ejercer su derecho al voto”, dijo a EFE Allison Hamilton, directora de la Coalición de Alabama por la Justicia de los Inmigrantes (ACIJ).
La coalición, junto con otras organizaciones, demandó al secretario de Estado de Alabama, el republicano Wes Allen, para que abandonara su plan de eximir de las listas de votantes a más de 3.000 personas, en su mayoría inmigrantes, a los que en algún momento en el pasado se les asignaron identificaciones de no ciudadanos, pero que con el tiempo adquirieron su ciudadanía estadounidense.
“Los inmigrantes naturalizados han trabajado duro para convertirse en ciudadanos estadounidenses y, como todos los demás estadounidenses, merecen y tienen el derecho a votar sin enfrentar barreras innecesarias y acoso por parte del gobierno”, insistió Hamilton.
El Departamento de Justicia de EE.UU. se unió a la batalla legal de ACIJ argumentando que la veda estaba demasiado cerca de las elecciones. La semana pasada un juez federal ordenó a Allen echar marcha atrás. Sin embargo, para los activistas el daño ya estaba hecho y el miedo ha calado en los ciudadanos naturalizados.
Kathleen Bush-Joseph, analista del Instituto de Políticas de Migración (MPI), explicó a EFE que los cuestionamientos sobre los padrones electorales han existido durante décadas por parte de los ultraconservadores, pero que tras las elecciones presidenciales de 2020, las acusaciones sobre los supuestos “miles de votos fraudulentos” han aumentado, al igual que las iniciativas para eliminar nombres de electores de las listas.
El fraude de no ciudadanos es casi nulo
“El fraude electoral por parte de no ciudadanos es extremadamente raro”, dijo la abogada, que citó una investigación de la Heritage Foundation, un grupo conservador, que identificó tan solo 23 casos de votación de no ciudadanos entre 2003 y 2022.
Por su parte, el Brennan Center For Justice encontró que sólo el 0,0001% de los 23,5 millones de votos emitidos en 42 jurisdicciones encuestadas en las elecciones de 2016 fueron presuntamente votos de no ciudadanos. Solo 2 de esas jurisdicciones reportaron posibles casos.
Pero aún así el candidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump (2017-2021), ha alimentado la idea. “Nuestras elecciones son malas y (los demócratas) están tratando de conseguir que voten muchos de estos inmigrantes ilegales que llegan”, aseguró el mes pasado durante el debate con la vicepresidenta Kamala Harris.
Al respecto, Bush-Joseph señala que los inmigrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México “enfrentan un camino complicado de una década o más hacia la ciudadanía estadounidense y es posible que nunca tengan ninguna posibilidad en absoluto”, por lo que sus esperanzas de votar son escasas.
No obstante, el secretario de Estado y el fiscal de Indiana, los republicanos Diego Morales y Todd Rokita, respectivamente, enviaron la semana pasada los nombres de 585.774 votantes registrados al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para que se verifique su ciudadanía. La razón es simple, según explica el analista de MPI: “Es un arma política que funciona e infunde miedo”.
Un ejemplo de esto fueron las 14.375 cartas enviadas por las autoridades electorales de Tennessee a votantes registrados amenazándolos con un proceso penal por votación ilegal y exigiéndoles que verifiquen su ciudadanía estadounidense.
Y aunque para los ciudadanos naturalizados presentar su certificado pareciera un trámite sencillo, los activistas consideran que las trabas y amenazas representan una táctica de supresión.
“La gente ha reportado dificultades cuando ellos tratan de probar su ciudadanía, y esta también es una de nuestras preocupaciones”, indicó Bush-Joseph, “Esperamos que estos votantes no se rindan y ejerzan su derecho”, agregó. EFE
