Nairobi.- El ministro del Interior de Kenia, Kithure Kindiki, aseguró hoy que el país no enviará a sus policías a Haití como parte de la misión multinacional aprobada por las Naciones Unidas hasta que reciba los 225 millones de euros que estima que costará su despliegue.
“Hemos acordado que los recursos para esta misión se organizarán y movilizarán entre los Estados miembros (de la ONU). A menos que se movilicen y estén disponibles todos los recursos, nuestras tropas no abandonarán el país”, dijo Kindiki este jueves ante el Parlamento keniano.
Así, el ministro aseguró que el despliegue de la Policía keniana costará unos 36.570 millones de chelines (unos 225 millones de euros).
Pese a esa advertencia, el país africano ya ha empezado a “identificar” a los 1.000 policías que deberían viajar a Haití en varias tandas, según el titular del Interior.
“Estamos comprometidos a garantizar que los agentes sean aptos para su propósito”, añadió.
El Gobierno keniano dio luz verde el pasado 13 de octubre al despliegue de los agentes, pese al bloqueo temporal ordenado días antes por el Tribunal Superior de Nairobi, y ampliado por la corte a finales de ese mismo mes, después de que el abogado y político opositor Ekuru Aukot interpusiese una demanda contra la iniciativa por considerarla inconstitucional.
Los demandantes sostienen, entre otros argumentos, que la Constitución de Kenia limita el despliegue de policías para operaciones dentro del territorio nacional.
Kindiki, por su parte, ha indicado que el Parlamento tendrá la última palabra sobre la participación de Kenia en esta misión, aprobada el pasado 2 de octubre por el Consejo de Seguridad de la ONU.
El país africano se ofreció a liderar un dispositivo que el propio Gobierno haitiano pidió hace un año y que contó con el respaldo del secretario general de la ONU, António Guterres.
También varios países caribeños han mostrado su disposición para participar con un número indeterminado de agentes en la misión, incluyendo Jamaica, Barbados y Bahamas.
Haití está inmerso en una profunda crisis marcada por la violencia extrema, con grupos armados que controlan la capital, Puerto Príncipe, y otras partes de su territorio y son responsables de centenares de asesinatos, violaciones, secuestros y otros crímenes.
