El juez Deiby Timoteo Peguero, que instruye la fase preliminar del denominado caso Antipulpo, decidirá este lunes si envía a juicio de fondo a los 47 imputados en este entramado de corrupción.
En un documento de prensa, el Ministerio Público dice haber comprobado que después del 16 de agosto de 2012, cuando Danilo Medina asumió la presidencia de la República, varios miembros de su familia pasaron a “multiplicar las influencias en diferentes instancias del Estado”, empezando por la Presidencia.
Expone que, utilizando la estructura familiar como escudo, Juan Alexis Medina “organizó un entramado sectario para distraer fondos del patrimonio del Estado”.
Dice que con este y otros casos, el Estado busca recuperar cerca de RD$ 40,000 millones en los procesos de corrupción administrativa actualmente en la Justicia contra exfuncionarios públicos.
Por los casos Coral y Coral 5G se reclaman RD$ 6,000 millones por la comisión de los ilícitos, mientras que por el caso Medusa busca la recuperación de RD$ 9,200 millones, siendo el principal acusado el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
FINALIZARON RÉPLICAS
Explica que ya han finalizado sus réplicas en el juicio preliminar y cuatro de los acusados fortalecieron la acusación al negociar con los fiscales para reducir sus condenas.
Mientras tanto, el Estado ha pedido una restitución e indemnización por RD$ 23,903 millones en concepto reparación por los daños y perjuicios.
El representante del Estado en este caso, Jorge López Hilario, solicitó al tribunal que acoja los acuerdos entre los acusados y el Ministerio Público y disponga apertura de juicio de fondo para el resto de la red.
ACUERDOS CONCERTADOS
El Ministerio Público llegó a acuerdos con Francisco Pagán, exdirector de la OISOE y con Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago, quienes se declararon culpables de los cargos y entregaron bienes robados.
“Estos acuerdos, donde los imputados reconocen la calidad de víctimas del Estado, contribuyen al fortalecimiento institucional en la República Dominicana y a una efectiva política criminal del Estado dominicano en la lucha contra la corrupción”, asegura López Hilario.
