La Junta Central Electoral (JCE) aprobó un nuevo reglamento que regula de manera oficial el proceso de registro de afiliaciones y desafiliaciones de los miembros de partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
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Esta medida busca mayor transparencia y se basa en la Constitución Dominicana, la Ley de Partidos (No. 33-18) y otras disposiciones que garantizan el derecho ciudadano a asociarse y renunciar libremente a la militancia.
Entre los aspectos más relevantes, se establece que cada ciudadano podrá estar inscrito únicamente en un partido o agrupación política. En caso de aparecer en más de un padrón, será considerado “inactivo” hasta que se aclare su situación ante la JCE.
La normativa de la Junta Central Electoral (JCE) sobre el registro de afiliados a partidos políticos establece plazos específicos para la entrega de listados actualizados: el 1 de agosto a partir de 2026, el 1 de noviembre en años de elecciones y el 30 de abril en años preelectorales.
El reglamento también prohíbe la afiliación política de militares, policías, jueces, fiscales, miembros y colaboradores de la propia JCE, así como de la Cámara de Cuentas y del Defensor del Pueblo.
La medida busca preservar la independencia y neutralidad de estas instituciones, y garantizar que quienes ejercen funciones de control, de justicia y seguridad no estén vinculados a partidos políticos, en aras de fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema democráticos.
Otro punto clave es la renuncia automática de afiliación cuando un ciudadano apoye candidaturas contrarias, participe en actividades de partidos rivales o acepte postulaciones de otra organización. La Sentencia TC/0441/19 establece que las declaraciones públicas en contra de una candidatura no conllevan una renuncia automática a menos que exista un proceso disciplinario formal que respete el debido proceso.
El reglamento garantiza el derecho a la renuncia en cualquier momento y sin causa, la cual debe ser comunicada al partido y a la JCE en un plazo de 30 días.
Para asegurar la transparencia, la JCE implementará una plataforma digital compatible con los sistemas de los partidos.
La normativa exige a las organizaciones políticas conservar los documentos originales de afiliación y enviar copias digitales a la JCE, la institución se reserva la potestad de requerir pruebas de vida o de realizar auditorías en los casos de impugnación.
