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Santo Domingo

Implicados en Phantera destruyeron evidencias y amenazaron a testigos

Edith Báez

En el marco de la Operación Pantera 7, las autoridades documentaron que los integrantes de la red criminal tomaron medidas extremas para encubrir sus actividades ilícitas. Entre estas acciones se encuentra la destrucción de grabaciones de cámaras de seguridad que comprometían su responsabilidad penal y la intimidación directa a testigos que tenían conocimiento de sus operaciones.

Estas amenazas e intimidaciones buscaban evitar que información relevante llegara a las autoridades, dificultando las investigaciones en curso. Paralelamente, la red implementó maniobras de fraude contable para ocultar el origen de los recursos obtenidos a través del lavado de activos, dificultando aún más la trazabilidad del dinero.

A pesar de estas acciones, las autoridades lograron recolectar pruebas contundentes que conectan a los líderes de la organización con el tráfico de más de 9.8 toneladas de cocaína y una estructura compleja diseñada para operar a nivel internacional.

Puertos y contenedores

La Operación Pantera 7 logró desmantelar una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, cuyas operaciones tenían ramificaciones en Suramérica, República Dominicana y varios países de Europa. Según las autoridades, esta red actuaba de manera coordinada, aprovechando su alcance global para transportar grandes cantidades de sustancias ilícitas y movilizar los recursos generados por estas actividades.

La red utilizaba métodos sofisticados para garantizar la circulación de drogas desde su producción en Suramérica hasta su distribución en mercados internacionales. Entre sus estrategias se incluía el reclutamiento de empleados portuarios y la creación de empresas fachada en la República Dominicana, lo que les permitía movilizar cocaína hacia puertos europeos a través de contenedores contaminados.
Las investigaciones también revelaron que la red adquiría propiedades, como inmuebles y vehículos, a través de testaferros, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de sus recursos. Además, mantenían una contabilidad detallada que registraba las marcas, cantidades y responsables de los paquetes de cocaína, así como los gastos asociados a las operaciones. Esta documentación, junto con la complicidad de actores clave dentro del sistema portuario, permitió a la organización operar durante años sin ser detectada.
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