La verdad que ya pocos hablan sobre la tragedia del Jet Set, porque se apostó a que se diluya con otros temas y con el paso del tiempo. Y el Ministerio Público nada pudo hacer, pese a que tuvo el interés, se supo, de responder al clamor nacional de justicia en torno a una desgracia que abarca a casi 240 personas muertas.
Con frecuencia se producen denuncias de corrupción pública, en diferentes órganos estatales, pero ningún medio de comunicación se da por enterado. Es un hecho de autocensura, pero en el fondo hay temor al Estado por una u otra razón.
Hay dos temas que irritan al presidente de la República. Uno: sobre los 775 millones dólares recibidos por el Estado por concepto del renegociado contrato de Aerodom. Y dos: el festival de empréstitos internacionales que han elevado por las nubes la deuda externa.
La verdad es que el Gobierno no ha tenido una respuesta satisfactoria respecto a los 775 millones, porque las obras anunciadas a construir, al momento de suscribir el convenio con la compañía, no se hicieron. Ni está el dinero ni están las obras, aunque nadie puede sostener que hubo malversación, partiendo del principio de presunción de inocencia. Además, históricamente, en República Dominicana, la corrupción pública de los gobiernos se conoce cuando abandonan el poder. El PLD tuvo que salir para que salieran a relucir casos que lo desacreditaron y redujeron su aprobación electoral, al extremo de bajar 28 puntos del 2020 al 2024.
Y en lo referente a la deuda externa, los dominicanos tienen derecho a exigir respuesta sobre el destino que se le da al dinero, en divisas fuertes, que toma el Estado. Las inversiones en obras son escasas en todo el país, por lo que resulta preocupante que de forma regular las cámaras legislativas, controladas por el Poder Ejecutivo, estén aprobando empréstitos para completar un presupuesto deficitario y destinado mayoritariamente a gastos corrientes, sobre todo a una nómina pública cada vez mayor.
(El déficit fiscal pudo corregirse, sencillamente, cobrándoles el impuesto sobre la renta a los empresarios que no pagan ese gravamen, pero el presidente de la República para nada barajó esa posibilidad y ante la amenaza de protesta popular optó por retirar el Proyecto de Reforma).
Los legisladores dominicanos estarían representando mucho mejor si exigieran obras para sus comunidades y se dedicaran a fiscalizar los recursos del contribuyente, prerrogativas establecidas en el Artículo 93 de la Constitución de la República.
Los dominicanos necesitamos saber qué se hace con nuestro dinero. Cuando algún ciudadano denuncia manejo inadecuado de recursos públicos, con pruebas, está realizando un aporte al interés nacional.
Naturalmente, el Gobierno tiene por norma no responder las denuncias de corrupción, una estrategia política para proteger la imagen de sus funcionarios ante la opinión pública, al tiempo que logra evitar la atención mediática sobre el asunto. Sabe que el silencio y el tiempo se encargan del olvido y el tema termina desapareciendo del candelero público. Sin embargo, cuando se trata de una imputación escandalosa, que penetra en la población, entonces se opta por la creación de noticias que puedan relegar a un plano menor el hecho original. Otra opción es contrarrestar, a través de personeros de medios, con otra imputación, atribuyendo una agenda oculta y así cambiar el tema de discusión.
Otra forma tradicional de los gobiernos responder a atribuciones de actos dolosos es con golpes bajos. Si se trata de un hombre de negocio le tiran a Impuestos Internos; si es un político o comunicador, le tiran al DNI, organismo tenebroso que practica desde simples bellaquerías (intervenciones telefónicas, hackeo de cuentas de redes sociales)hasta la planificación de actos terroristas, como la implementación de accidentes vehiculares simulados.
