Luis M. Guzmán
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El escándalo de SeNaSa en República Dominicana ha expuesto con crudeza las vulnerabilidades del sistema público de salud. Lo que empezó como denuncias periodísticas sobre irregularidades financieras terminó escalando hasta convertirse en un caso remitido a la Procuraduría. El asegurador estatal, columna vertebral de la cobertura de millones de dominicanos, quedó bajo sospecha de fraudes, mala gestión y uso clientelista.
Entre las irregularidades señaladas destacan facturaciones por servicios no prestados, autorizaciones fantasma y el manejo de una doble contabilidad que maquillaba datos para el regulador. Estas prácticas erosionaron la transparencia y dejaron en evidencia la facilidad con que se puede manipular la información financiera en ausencia de controles efectivos, comprometiendo la sostenibilidad del sistema.
El impacto en los pacientes fue inmediato. Atrasos en pagos a prestadores generaron rupturas en la cadena de servicios, consultas demoradas, medicamentos de alto costo en riesgo y tiempos de espera prolongados. Cuando el paciente se convierte en “costo contable” y no en sujeto de derecho, la medicina se deshumaniza, transformando la experiencia de atención en un proceso frío y burocrático.
En medio de la crisis, se reveló otro problema, la concentración de pacientes en manos de un solo prestador. Adjudicar hasta quinientos mil afiliados a una clínica sin medir su capacidad instaló un monopolio nocivo. La saturación derivó en servicios superficiales, largas filas y abandono de la atención preventiva. Este esquema afectó la calidad y generó inequidad en el acceso.
A ello se suma la práctica de facturar sin brindar servicios. Clínicas y farmacias ficticias cobraban al sistema sin entregar medicamentos ni realizar procedimientos. Este fraude no solo infló el gasto, sino que también restó recursos a quienes realmente los necesitaban. En paralelo, algunos prestadores priorizaron servicios más costosos y rentables, dejando en segundo plano las necesidades básicas y preventivas.
El caso también tocó un nervio político sensible. La oposición denunció que SeNaSa fue utilizado con fines clientelistas en el proceso electoral de 2024, señalando que la afiliación masiva al régimen subsidiado buscaba captar votos. El Gobierno, por su parte, sostuvo que ya había ordenado investigar desde noviembre de ese año, intentando mostrar proactividad. La conexión entre corrupción y reelección aún se debate en lo político y judicial.
Más allá de la pugna electoral, el resultado fue la erosión de la confianza ciudadana. Los dominicanos perciben que su seguro público se convirtió en botín de intereses y que la salud se administra como mercancía. La percepción de impunidad y favoritismo político debilita no solo a SeNaSa, sino también al propio Estado, que debería garantizar equidad y protección.
El impacto financiero es considerable. Los fraudes y la concentración de pacientes distorsionaron el gasto, provocando déficits que requirieron transferencias extraordinarias. Esto redujo los recursos disponibles para infraestructura hospitalaria y programas preventivos. Así, la corrupción en salud no solo afecta bolsillos públicos, sino que compromete vidas y oportunidades de bienestar colectivo.
Ante este panorama, se han planteado soluciones de rediseño. Una de ellas es crear un tablero público de transparencia, con indicadores de acceso, mora, calidad y satisfacción ciudadana en tiempo casi real. De esa manera, pacientes y prestadores podrían monitorear pagos, tiempos de espera y contrataciones, reduciendo el espacio para la opacidad.
Otra reforma clave es el rediseño de las compras de medicamentos. Centralizar adquisiciones, aplicar contratos marco, usar recetas electrónicas y exigir serialización de fármacos permitiría reducir el fraude sin restringir el acceso. La trazabilidad desde la receta hasta la dispensación es vital para que cada peso invertido se traduzca en salud real.
También se requiere limitar la concentración de pacientes por prestador, implementar pagos mixtos que premien resultados de salud, y reforzar auditorías inteligentes. La depuración de prestadores fraudulentos debe hacerse con garantías al paciente: continuidad en tratamientos crónicos, tiempos máximos de resolución y compensaciones automáticas cuando se afecten derechos.
El caso SeNaSa es una advertencia, sin transparencia, regulación efectiva y enfoque humano, la salud se convierte en un terreno fértil para la corrupción.
Rediseñar las reglas, blindar los procesos y reorientar el sistema hacia la dignidad del paciente no es una opción, sino una urgencia. Solo así se podrá transformar un escándalo en una oportunidad de reforma estructural.
