Santo Domingo.– La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) valoró la aprobación de la Resolución núm. 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) como un avance trascendental en la ampliación de derechos en salud, resultado de un proceso institucional que ha integrado iniciativas legislativas, análisis técnicos y decisiones regulatorias orientadas al bienestar de la población afiliada.
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El director general de la DIDA, Elías Báez, destacó que la inclusión de la gigantomastia, la hipertrofia mamaria sintomática y la ginecomastia dentro de las coberturas del Seguro Familiar de Salud (SFS) responde a una demanda histórica que había sido visibilizada desde distintos espacios del sistema.
En ese sentido, recordó que en diciembre de 2024, el Senado de la República aprobó una resolución solicitando al CNSS y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) la inclusión de la cobertura para la gigantomastia, reconociendo esta condición como un problema de salud que impacta la calidad de vida de las mujeres.
Posteriormente, durante el año 2025, la Sisalril presentó ante el CNSS una propuesta técnica sustentada en criterios clínicos, epidemiológicos y actuariales, orientada a incorporar estas patologías dentro del catálogo de prestaciones del sistema, ampliando su alcance tanto a mujeres como a hombres.
“Lo que hoy vemos materializado en la Resolución 624-02 es el resultado de un proceso serio, articulado y basado en evidencia, donde convergen la voluntad legislativa, el análisis técnico y la decisión del órgano rector del sistema”, expresó Báez.
La resolución instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a cubrir de manera integral las consultas médicas y psicológicas, estudios de preparación, procedimientos quirúrgicos, anestesia, honorarios médicos y el seguimiento postoperatorio, garantizando un abordaje completo de estas condiciones
La DIDA subrayó que esta medida permitirá reducir las barreras económicas que enfrentaban los afiliados, quienes en muchos casos debían asumir directamente los costos de estos procedimientos, a pesar de tratarse de condiciones con impacto físico, funcional y emocional.
Asimismo, la institución valoró la incorporación de nuevas coberturas para el tratamiento integral de la tuberculosis, así como la inclusión de medicamentos antirretrovirales (ARV) para el VIH, en el marco de los Programas Especiales de Salud Pública, fortaleciendo la respuesta del sistema frente a enfermedades de alto impacto.
De igual forma, destacó la creación del Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (Fonsap), como un mecanismo innovador para garantizar la sostenibilidad en la adquisición de medicamentos esenciales.
En materia de servicios, la Resolución dispone el aumento de los honorarios médicos por consultas ambulatorias de RD 500 a RD 750, incluyendo las consultas odontológicas, psiquiátricas y de psicología. Asimismo, se espera que los médicos sean más conscientes al momento de facturar diferencias en las consultas a los pacientes, toda vez que el sistema adoptó esta medida para equilibrar el ingreso de los profesionales de la salud y que estos a su vez sean más justos con los afiliados.
Adicionalmente, la DIDA resaltó la implementación del modelo de per cápita diferenciado por riesgo, el cual permitirá una asignación más equitativa de los recursos del sistema en función del perfil de los afiliados, fortaleciendo su sostenibilidad y eficiencia.
Las nuevas disposiciones entraron en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2025, marcando un hito en la evolución del Seguro Familiar de Salud en la República Dominicana. En ese sentido, la DIDA expresa que se mantiene vigilante a que se respeten los derechos de los afiliados y que estas nuevas prestaciones sean otorgadas oportunamente.
Finalmente, la DIDA felicitó al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) por esta decisión, que consolida un sistema más justo, más humano y centrado en las necesidades reales de la población. No se puede volver atrás; el sistema está obligado a evolucionar y robustecerse en favor de la gente y para la gente, en procura de beneficios, mayores prestaciones y garantías de derechos.
