Luis D. Santamaria
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega es otro que cree que con las acciones antidemocráticas que ejecuta en la nación centroamericana en contra de sus adversarios políticos podrá mantenerse en el poder.
La represión o acciones de fuerza en contra de opositores al régimen sandinista es totalmente inaceptable por ser contraria a los principios democráticos a que tienen derecho sus adversarios políticos.
Primero se enemistó con la Iglesia Católica y desato una cacería de bruja en contra líderes religiosos e inclusive llegó a encarcelar a altos representantes católicos.
Ha seguido con esa tónica de perseguir a humildes e indefensos ciudadanos por el solo hecho de expresarse en contra de las arbitrariedades en que incurre.
Sigue persiguiendo, encarcelando y despojando de sus bienes inmuebles a ciudadanos por el solo hecho de rechazar la forma antidemocrática que está utilizando para perpetuarse en el poder.
La más reciente controversia
La más reciente controversia protagonizada por el régimen de Daniel Ortega ha sido el diferendo entre la República Dominicana, Costa Rica y Ecuador que calificaron de arbitraria e ilegal una reciente decisión del régimen de Daniel Ortega de despojar de la nacionalidad nicaragüense y confiscar sus bienes a 135 presos políticos.
Los tres gobiernos, cuyos países forman parte de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, fijaron su posición en un comunicado, dado a conocer en Santo Domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores (M
El texto del comunicado es el siguiente:
“Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, países integrantes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, deploran la decisión arbitraria e ilegal del régimen nicaragüense de despojar de la nacionalidad y de sus derechos ciudadanos, incluyendo la confiscación de sus bienes, a 135 presos políticos que salieron del país el pasado 5 de septiembre y se encuentran en Guatemala.
Enfatizamos que, de acuerdo con el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la nacionalidad y nadie debe ser privado arbitrariamente de esta.
Hacemos un llamado a la República de Nicaragua para que restablezca los derechos de sus ciudadanos”.
