Con profundo sentido de responsabilidad institucional, respeto por el diálogo democrático y firme compromiso con el fortalecimiento del sistema de justicia, jueces, juezas y servidores judiciales de la República Dominicana valoran como avances las cuatro medidas recientemente anunciadas por el Consejo del Poder Judicial, particularmente aquellas relativas al pago de suplencias fijas, la fijación de los servidores contratados, la movilidad judicial de la carrera judicial y la aplicación parcial de la indexación salarial.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Estos anuncios representan pasos apreciados en su justa dimensión, especialmente después de años de preocupaciones acumuladas y reiterados llamados de atención sobre las condiciones en que se desarrolla el servicio judicial en el país. Toda medida orientada al fortalecimiento de la justicia, la dignificación de sus integrantes y la mejora de sus capacidades institucionales constituye una iniciativa que merece seguimiento y materialización efectiva.
En lo relativo a los porcentajes anunciados que se aplicarían a los salarios de jueces y servidores judiciales a partir del mes de julio, resulta importante explicar que corresponden a la aplicación parcial y escalonada de la indexación salarial, consistente en el porcentaje parcial aplicado al salario según la inflación que ha experimentado la canasta familiar del país. El reconocimiento de dicha indexación es un mandato legal y no es un “aumento de salarios” propiamente dicho como de manera errónea se ha publicitado, sino que del 100% del monto que corresponde legalmente, se ha ofrecido un 30% escalonado a los jueces (20% en el mes de julio y el restante 10%, aplicable a partir de enero del 2027) y de un 40 a un 50% escalonado a los servidores judiciales (Entre un 20%, 30% y 35% según su posición, para el mes de julio 2026 y el restante porcentaje, según corresponda, en enero del 2027).
Con el mismo sentido de responsabilidad, resulta necesario recalcar que la mayoría de los aspectos esenciales planteados en el “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia” y en la “Denuncia Pública sobre la Situación de los Servidores Judiciales en la República Dominicana”, ambos presentados el 21 de mayo de 2026, permanecen aún pendientes de respuestas concretas, verificables y plenamente ejecutables.
La realidad cotidiana de muchos tribunales, dependencias judiciales y oficinas administrativas continúa marcada por desafíos estructurales que afectan tanto la calidad del servicio como la dignidad de quienes lo hacen posible. Persisten preocupaciones relacionadas con la desigualdad salarial y la necesidad de revisión del sistema de compensación; la eliminación de prácticas de suplencia horizontal cuestionadas dentro del sistema e ilegal, por demás; el fortalecimiento efectivo de la carrera judicial y administrativa; la falta de personal; la movilidad y promoción transparente de jueces y servidores; la implementación de evaluaciones de desempeño; la falta de seguridad de los jueces y en los palacios de justicia, el acceso equitativo a programas de formación, diplomados, maestrías y capacitación continua; así como medidas concretas frente a la sobrecarga laboral, el déficit de personal, la insuficiencia de jueces, el deterioro de infraestructura, la falta de mobiliario y equipamiento, y las condiciones de seguridad institucional en los distintos espacios judiciales del país.
De igual forma, continúan siendo preocupaciones legítimas la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales que garanticen igualdad de trato, reconocimiento al mérito, transparencia, protección frente a represalias, ambientes laborales respetuosos, y mayores garantías de participación y crecimiento profesional para quienes integran el sistema judicial en sus distintos niveles. Así mismo, nos mantenemos atentos a iniciativas de leyes que puedan cursar ante el Congreso Nacional que atenten contra la independencia judicial, su estructura y función, así como contra los derechos fundamentales básicos y constitucionalmente protegidos de los jueces, juezas y servidores judiciales.
Resulta igualmente importante precisar que este esfuerzo colectivo no responde únicamente a una discusión salarial ni puede reducirse a un debate sobre aumentos de ingresos, como en ocasiones ha querido interpretarse en algunos espacios públicos. La dignificación de la justicia supone una visión mucho más amplia, humana e institucional, que incluyen todas las demás demandas que han quedado pendientes de respuesta eficaz.
Este llamado surge del compromiso profundo con una justicia más humana, organizada, eficiente y cercana a la ciudadanía; de la convicción de que mejorar las condiciones internas del sistema judicial fortalece directamente la calidad del servicio ofrecido al pueblo dominicano; y de la esperanza de que los avances anunciados puedan ampliarse y complementarse con soluciones estructurales que permitan superar desigualdades y dificultades acumuladas.
En ese espíritu, se reitera la disposición de continuar transitando el camino del diálogo respetuoso, la construcción colectiva y la búsqueda de soluciones concretas, sostenibles y verificables, confiando en que los temas aún pendientes puedan transformarse en decisiones institucionales orientadas al fortalecimiento integral del Poder Judicial y de quienes hacen posible su funcionamiento cada día.
Porque dignificar a quienes administran justicia y a quienes sostienen silenciosamente su funcionamiento no constituye un privilegio: constituye una condición indispensable para garantizar una justicia más fuerte, más humana y más digna para toda la sociedad.
