La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana —CAMIPE— expresó su preocupación por los efectos institucionales, económicos y de confianza inversionista que genera esta decisión, vinculada al proyecto Romero, en la provincia San Juan, e insistió en que cualquier determinación sobre iniciativas de alto impacto debe sustentarse en criterios técnicos, evaluaciones ambientales, obligaciones legales y coherencia con el debido proceso y el Plan META 2036.
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CAMIPE consideró que esta situación evidencia la necesidad impostergable de una nueva Ley de Minería que establezca reglas claras, seguridad jurídica, altos estándares ambientales, transparencia y participación social efectiva. La entidad señaló que el debate sobre la minería en República Dominicana no debe plantearse como una confrontación entre desarrollo económico y protección ambiental, sino en cómo seguimos construyendo un modelo de minería moderno y sostenible, sustentado en evidencia técnica, fiscalización rigurosa y diálogo con las comunidades.
La Cámara valoró la disposición al diálogo anunciada por el presidente Luis Abinader y ofreció su experiencia y conocimiento técnico para contribuir a ese proceso, dentro de un marco institucional que incluya comunidades, autoridades, especialistas ambientales, academia y sector productivo.
“República Dominicana no debe escoger entre desarrollo y protección ambiental. Debe seguir construyendo una minería responsable, técnicamente evaluada, ambientalmente regulada y socialmente dialogada. Para eso necesitamos una nueva Ley de Minería”, afirmó CAMIPE.
